Sergio Villarreal Barragán, "El Grande", aseguró que María de los Ángeles Pineda Villa conoció a Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas”, que se encargaba de lavar recursos y pagar sobornos a autoridades locales y federales a nombre del narcotraficante, afirmando que sus hermanos trabajaban para el capo en le trasiego de droga.
Estas declaraciones, a decir de las autoridades ministeriales, afianzan el vínculo de la ex primera dama de Iguala con actividades de blanqueo de recursos de operadores de los Beltrán y de Guerreros Unidos posteriormente.
Añadieron que existen otras pruebas como reportes financieros y de hacienda que evidencian las posibles operaciones de lavado de dinero.
El 11 de diciembre pasado, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) interrogó en el centro carcelario de Joe Corley, Texas, al ‘El Grande’ y utilizó las declaraciones de este testigo protegido para completar la acusación de delincuencia organizada en contra de la esposa del alcalde de Iguala José Luis Abarca.
Declaró que María de los Ángeles coincidió con el capo en al menos en dos ocasiones y quizá tuvo “alguna relación sentimental con Beltrán Leyva, sin que esto le conste”, dijo ante los fiscales en la prisión texana.
Bajo la clave de testigo protegido “Mateo”, Villarreal afirmó Alberto Pineda Villa, alias ‘El Borrado”, y Mario Pineda Villa, alias ‘El MP’, ambos hermanos de la ex primera dama de Iguala, eran operadores de los Beltrán Leyva en Morelos. Explicó que los Pineda Villa, entre ellos María de los Ángeles y otros familiares, también lavaban recursos y pagaban sobornos a autoridades locales y federales.
Sobre la falta de una nueva acusación por secuestro en contra de Pineda, que no se prevé en el corto plazo, Isabel Miranda dijo que obedece a la misma complejidad que presenta el caso para obtener las pruebas que un juez valide. Confirmó que la PGR ya intentó en algún momento proceder pero no resultó.
“En el caso de Pineda la PGR sí la acusó de secuestro, pero el juez negó la orden de aprehensión porque no quedó acreditado de manera fehaciente el delito. En el caso de Abarca fue lo mismo y hay una apelación en curso”, dijo Wallace.
Como ocurría frecuentemente en el sexenio pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) utiliza dichos de ex narcotraficantes convertidos en testigos protegidos para completar una acusación de delincuencia orgazanizada, ahora en este caso, en contra de María de los Ángeles Pineda Villa.
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