Cuando se escucha a estas mujeres “enganchadas” por los narcos para lavar dinero se siente pena. Eso aumenta progresivamente.
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Cuando ellas, cientos de mujeres viudas, solas, pobres desde siempre, explican por qué obtener 500 pesos por abrir cuentas bancarias apócrifas no les parecía un delito.Dice su defensora: “Ellas sólo recibieron 500 pesos.
Como los que regala el gobierno federal a las que tenemos arriba de 60 años; como regala el municipio; como regala el PRI para que votes por él. Sólo siguieron el mismo caminito que los políticos ya habían trazado”.
Por recibir 500 pesos, usados para comprar alimentos básicos o pagar una consulta médica, y ser parte de la maquinaria de blanqueo conocida como “pitufeo”, están a un paso de ir a prisión.
Una mañana cualquiera de 2011 Antonia barre la “acera” de tierra de su casa construida con retazos de lámina. Hasta ahí llega un hombre que recorre las calles de la colonia 5 de Febrero en un automóvil oscuro, con vidrios polarizados. Se estaciona frente a la vivienda de Antonia y va directo a ella:
–¿No te quieres ganar 500 pesos? –le pregunta.
–Pero, ¿cómo? –contesta, asombrada, con la escoba en una mano.
–Bien sencillo. Abres una cuenta en el banco, me das tu tarjeta, tu NIP, el ticket y yo te doy 500 pesos.
Antonia –entonces una madre soltera de 22 años– se queda pensando en lo que esos 500 pesos representan para comer. Observa a su hijo de apenas tres años que juega sobre el tapiz de tierra que cubre su casa y recuerda lo difíciles que han sido esos días como desempleada.
–¿Pero no voy a tener algún problema? –cuestiona, como si fuera un acto-reflejo, pensando que el hombre con el que habla es un político.
–No, ya que retiremos el dinero, tu cuenta se bloquea.
–Ah, bueno, pues, vamos –responde y se alista para acompañarlo.
Escoltada por el hombre, Antonia llega al Banco Azteca más cercano a su hogar, ubicado dentro de una tienda Elektra, donde sólo le piden su credencial de elector para abrir la cuenta.
El hombre entrega unos comprobantes de domicilio que no corresponden con la dirección de la mujer y proporciona los 50 pesos requeridos para la apertura de la cuenta. Sin problema, el ejecutivo bancario integra el expediente. El trámite dura apenas unos minutos y, una vez afuera de la sucursal, luego de entregar la tarjeta al hombre, Antonia recibe la cantidad prometida. Tan fácil como pensaba.
Pasados tres días, el hombre la llama por teléfono para avisarle que la recogerá en su casa: necesita que lo acompañe a retirar un dinero que depositaron en la cuenta. Y, para animarla, le ofrece otros 500 pesos.
Como en la ocasión anterior, el hombre llega a casa de Antonia, acuden al banco, la mujer firma, coloca su huella digital y el ejecutivo les entrega varios fajos de billetes.
Los hombres se dirigen a una pequeña sala donde cuentan el dinero y colocan los fajos en bolsas negras. Al salir de la sucursal, entregan las bolsas a un grupo de policías municipales que viajan en motocicleta. Se entera, entonces, de que a los agentes les pagan mil 500 pesos el “flete”, es decir, por transportar el dinero de un lugar a otro en unidades oficiales. A ella le dan, como se acordó, sus 500 pesos.
Al siguiente día sucede lo mismo, sólo que esta vez la llevan a la sucursal de un banco distinto: Bancoppel. Después de retirar dinero de las cajas, los hombres guardan los fajos en bolsas y a ella le pagan otros 500 pesos.
La monótona rutina se quiebra en la tercera ocasión: en una sucursal de Banamex la instruyen para que solicite una chequera y una vez que ésta le ha sido entregada, les firma varios cheques, recibe sus 500 pesos y Antonia se va a casa.
Durante varios días el trajín es el mismo: intensos trámites bancarios, luego de los cuales Antonia llega a su hogar a guardar los 500 pesos, que coloca junto a los 2 mil 500 que ya tenía. Se siente bien, contenta: tiene suficiente dinero para comprar leche y pañales. No sólo eso: ya cuenta con recursos para pagar la operación de su hijo, quien por problemas congénitos debe someterse a cirugía.
Apenas unos días antes de que el hombre apareciera frente a su casa con la propuesta, había sido despedida de su trabajo como vendedora en una tienda de ropa, donde cobraba 300 pesos a la semana y, además, le negaban el permiso cuando requería acudir con su hijo a alguna cita médica. Así que en unos cuantos días Antonia había ganado lo mismo que recibía en su empleo por 10 semanas de trabajo.
Lo que Antonia desconocía en ese momento es que cuatro años más tarde esos 3 mil pesos la enredarían inesperadamente y su nombre aparecería en una investigación judicial por lavado masivo de dinero, práctica a la que se conoce como “pitufeo”, lo que que la pondría en la antesala de la prisión.
* * *
Fecha: 5 de enero de 2015.
Lugar: colonia Esperanza, asentamiento apostado en las faldas de un cerro, en Culiacán, Sinaloa.
Nombre de la mujer: Ignacia.
Un hombre con pinta de policía llega al domicilio de Ignacia y pregunta por ella.
–¿Qué se le ofrece? –repregunta la mujer, intrigada.
–Quería entregarle este citatorio para que se presente a declarar –informa el funcionario.
La mujer toma el documento entre sus manos y lee:
“Visto el estado que guardan las actuaciones que integran la presente indagatoria UEIORPIFAM/AP/202/ 2014 que se instruye en esta unidad especializada en Investigación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda, en contra de….”.
Ignacia, con su vista cansada, repasa el listado de nombres escritos en letras mayúsculas que aparecen en el citatorio. En la tercera línea encuentra el suyo y más abajo ubica el de su hermana Manuelita, quien falleció en agosto de 2014.
Continúa la lectura: “…en contra de quien o quienes resulten responsables por hechos probablemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
De golpe, cientos de imágenes estallan en su cabeza: recuerda cuando su hermana Manuelita le contó que los vecinos de la cuadra se habían ganado 500 pesos sin tener que hacer algo más que abrir una cuenta bancaria; también cuando fue a Banamex y a Bancomer a abrir una cuenta y, después, a retirar el dinero; y extrae de la memoria la imagen del día en que en otra ocasión, al salir de la sucursal, se encontró a un grupo de trabajadores de campos pesqueros a quienes ella conocía, que iban a hacer lo mismo.
Entonces, siente que su casa de paredes de ladrillo sin enjarrar se desploma sobre ella.
Después de un silencio, alza la vista y ve, con un dejo de espanto, a los ojos del hombre.
–Soy yo –responde con el rostro vacío.
* * *
A punto de cumplir 60 años, Ignacia teme vivir su alta vejez en una cárcel. Pero no es la única que desde hace dos meses no duerme bien y a la que la asaltan ataques de llanto: Ramona y Antonia pasan por lo mismo. Las vecinas de su calle, también.
A cientos de personas que habitan las colonias ubicadas en los alrededores del Cerro de las Siete Gotas les llegó un citatorio similar. Todas, sin saberlo, ayudaron a lavar dinero del crimen organizado en una operación hormiga que buscaba no dejar rastros.
De acuerdo con los testimonios obtenidos por emeequis, existen al menos 36 listas, con nombres de 30 a 50 personas cada una, que deben presentarse a declarar ante la PGR a principios de abril. En total sumarían más de un millar de investigados, todos con la misma acusación: delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.
Para Ricardo Gluyas Millán, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y especialista en lavado de dinero, esta operación es un esquema clásico de lo que se conoce como “pitufeo”. Y aunque en México pueda parecer novedoso, es muy utilizado en varios países sudamericanos e incluso en Estados Unidos.
“En inglés se llama smurfing, y consiste en utilizar prestanombres para abrir cuentas bancarias y hacer transferencias a través de ellas, generalmente por cantidades por debajo de 10 mil dólares”, explica Gluyas Millán.
Sin embargo, en el caso de estas mujeres el pitufeo adquirió niveles de locura porque las cantidades de las que se habla son muy altas, de millones de pesos.
“Es una versión híbrida del pitufeo”, explica el también doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, España.
Gluyas Millán cree honestamente que México cuenta con una legislación robusta para prevenir el blanqueo de capitales, pero destaca que la delincuencia siempre busca las maneras de evadirla. “¿Cuántas maneras de lavar dinero hay? Tantas como se lo pueda imaginar el crimen organizado”.
* * *
Es el verano de 2013 y Ramona recorre las terregosas calles de la colonia Siete Gotas, junto al cerro del mismo nombre, cuando su celular suena. De 50 años, visita esta tarde a sus clientas para cobrar los zapatos que le encargan por catálogo.
Saca el teléfono de su bolsa y ve el número del que la llaman en la pantalla. Sospecha de qué se trata y duda. Finalmente, aprieta la tecla verde de su celular.
–Señora, alístese porque vamos por usted para ir al banco, necesitamos que nos retire un dinero –le ordena la voz de un hombre.
La mujer deja lo que está haciendo y emprende el camino hacia su casa. Ahí la recogen y la llevan al Banco Azteca. La atiende el ejecutivo de cuenta, a quien le entrega su tarjeta y éste le solicita que firme una hoja donde aparece la cantidad a retirar. Nunca en su vida ha visto tantos ceros.
–Yo no voy a retirar eso porque es demasiado dinero –trata de argumentar ante el hombre de vestimenta impecable que la acompaña.
–No pasa nada, todo está arreglado. Aquí van a borrar eso del sistema –responde su acompañante y le da una palmadita en el hombro.
–No, es que yo no voy a hacer esto porque es mucho, mucho dinero –insiste Ramona.
Se quiebra el aire, la mirada del joven se clava en los ojos de Ramona y su rostro se endurece.
–Lo vas a hacer; tienes que firmar –la intimida.
Al ver su cara, Ramona piensa: “De que me maten, mejor lo saco”. Estampa su firma en el papel, el ejecutivo se levanta y les pide esperar unos minutos. Regresa con una noticia que no agrada al “enganchador”: no hay dinero suficiente en esa sucursal y deben trasladarse a otra para retirar los millones de pesos exigidos. Ahí tampoco se junta la plata.
A bordo de una camioneta negra, escoltada por dos personas, mientras recorren las calles de Culiacán para llegar a la tercera sucursal, Ramona tiene temor, comienza a recordar lo que ocurrió hace apenas tres días y se dice que aceptar la propuesta del hombre para abrir una cuenta bancaria a cambio de 500 pesos fue un error.
Sabe que no es la única en esa situación y eso la tranquiliza; su vecina Cuquita, que vive enfrente, hizo lo mismo; su comadre Pedra también y las otras señoras que le compran productos Jafra accedieron al igual que ella, y no les ha pasado nada.
Llegan al tercer banco. Ya sabe el procedimiento de memoria. Ahí sí cuentan con dinero suficiente, los hombres lo colocan en bolsas negras, salen de la sucursal y se lo entregan a agentes de la policía municipal que aguardan.
A Ramona le pasan un sobre con 500 pesos, ellos abordan sus camionetas y, a una seña, la policía los escolta. Se pierden pronto por las calles. Ramona se queda parada debajo del letrero del banco, envuelta en el calor de la tarde.
Toma un camión urbano y se baja en el supermercado más cercano. Recorre los pasillos, el frijol está en oferta, compra 10 kilos del grano y regresa contenta a casa. Además del miedo, le queda una certeza: tiene garantizado el alimento de sus cuatro hijos por varias semanas. Qué más puede pedir.
* * *
Ramona y el resto de las personas que aparecen en las listas sobreviven en colonias de la periferia de Culiacán, como la Renato Vega, Las Cascadas, Las Coloradas, 5 de Febrero, La Amistad, Villa del Real, Los Laureles, La Esperanza, Hidalgo, Guadalupe Victoria, Siete Gotas, Florida, Progreso y Vista Hermosa, entre otras.
A gran parte de esas colonias no las ha visitado el progreso: 20 por ciento de las construcciones están casi destruidas y vacías, en dos de cada 10 casas se vende droga, hay seis parques públicos en los que dominan la prostitución y la drogadicción, y 20 por ciento del alumbrado público no funciona.
Esta zona, un mosaico de problemas sociales, ha sido considerada como uno de los polígonos vulnerables dentro del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para inhibir el crimen.
El diagnóstico de esta mancha urbana de Culiacán refleja la marginación en la que viven sus habitantes. Por ejemplo, en los hogares es común el hacinamiento, lo que ocasiona violencia intrafamiliar y que los jóvenes busquen recreación en las calles.
Un total de 18 por ciento de las llamadas al 066 por conflictos vecinales provienen de ese polígono, en el que sólo hay 1.5 policías por cada mil habitantes.
Aquí, donde los habitantes invadieron un pedazo de tierra para fincar su hogar, personas como Antonia han comprometido también su voto a cambio de una despensa con frijol, arroz y latas.
En época de campañas, cuenta, los políticos hacen reuniones vecinales y les prometen darles servicios básicos cuando lleguen al cargo. Aunque esto rara vez ocurre, sí han obtenido una despensa a cambio de dejar tomarle una foto a su credencial de elector y a comprometerse a votar por el candidato en turno.
“Es que es la necesidad; a nosotras nos han ofrecido despensas, los partidos políticos nos ofrecen dinero. Nosotras pensamos que era una cosa así fácil (sin problemas legales), pero nunca me imaginé que fuera esto tan fuerte”, agrega Ignacia.
Ellas saben que cometieron un delito, pero cuando aceptaron abrir las cuentas bancarias no lo percibieron así. “Sí lo hicieron (cometer un delito). Ni para dónde se hagan. Pero fue por ignorancia, y aparte las amagaron, las amenazaron”, argumenta Mercedes Murillo, presidenta del Frente Cívico Sinaloense.
Murillo, a quien se le conoce popularmente como Meché, destaca que el problema que enfrentan estas mujeres, que en su mayoría apenas concluyeron primaria, tiene su origen en tres factores: ignorancia, pobreza y la mala educación electoral que han recibido por décadas.
El sistema político gubernamental ha maleducado a estas mujeres desde jóvenes a vender sus conciencias, expone Meché, una mujer de piel clara y surcos en el rostro. “Ellas sólo recibieron 500 pesos, como los que regala el gobierno federal a las que tenemos arriba de 60 años; como regala el municipio, como regala el PRI para que votes por él. Lo único que pido es que no las lleven a la cárcel. Primero que las investiguen”, expone la activista con más de 40 años de trabajo.
Por esta costumbre de compraventa de voluntades electorales no fue difícil que los “enganchadores” ligados al crimen organizado las convencieran. Ellos sólo siguieron el caminito que los políticos ya habían trazado.
“Las personas que las llevan son las mismas que recibieron el dinero. Esto es narcotráfico”, concluye doña Meché.
* * *
A principios de este año Antonia quiso sacar de un cajero dinero de la cuenta a su nombre en Banco Azteca. No pudo: en la pantalla apareció un mensaje, notificándole que había sido bloqueada.
Cuando preguntó a un empleado de la sucursal qué sucedía, éste le respondió que su cuenta había sido desactivada por mandato judicial.
Unas semanas después, recibió el citatorio para presentarse a declarar. Comenzó a leer el documento y no entendió de qué se trataba, pero al llegar a la segunda página comenzó a atar cabos.
“Esta Representación Social decreta el Aseguramiento Preventivo respecto de todas y cada una de las cuentas bancarias y/o contratos de cualquier tipo, así como su numerario (intermediación, depósito, ahorro, cheques, cajas de seguridad, fideicomisos, crédito con garantía, valores, bursátil) que existen en cada una de las instituciones que integran el sistema financiero en los que aparezca como titular, beneficiario y firmante”, decía el documento.
Inmediatamente recordó lo de su cuenta congelada, la notificación de Hacienda que había ignorado durante un año y la amenaza de embargo. Con algo de pena, se lo confesó a una vecina que estaba en la misma situación. No era la única.
Pronto, un grupo de 10 mujeres empezó a buscar abogados. Así llegaron al Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), del que salieron con el mismo desánimo con el que entraron: no podían ayudarlas porque era un caso complejo.
Sin embargo, el abogado que las atendió les aconsejó acudir al Frente Cívico Sinaloense, a buscar a Mercedes Murillo. Ahí han recibido aliento moral y buscan que el gobierno del estado las apoye con abogados.
Esta tarde de marzo de 2015 cuatro de las mujeres que han encontrado respaldo en el Frente Cívico insisten en que todo lo hicieron ingenuamente y por necesidad.
“Yo no soy una delincuente. Me usaron. Si lo hice fue por necesidad, por ignorancia, pero no soy una delincuente”, afirma Ignacia y se frota sus manos brillosas.
Antonia sostiene el citatorio y lo lee una y otra vez sin terminar de creer lo que le pasa. Ella desea que las autoridades soliciten a los bancos revisar las cámaras de seguridad para que vean el rostro de las personas que las llevaban y reta a cualquiera a visitar su casa para que vean las condiciones en las que vive.
“Yo no soy ninguna narca, no tengo ni dónde caerme muerta. Mejor que investiguen. ¿Usted cree que el gerente del banco no sabe? Lo saben todo porque nosotras llegábamos y nos decían: ‘Ve allá con aquel muchacho, vas a hacer la cuenta’”, recuerda.
Todas contribuyeron, sin saberlo, al lavado de dinero, esa actividad en la que las organizaciones delictivas lavan 29 mil millones de dólares anuales en México y Estados Unidos, como reveló hace unos días el subprocurador general de ese país, Kenneth Blanco.
* * *
Ramona, de piel blanca y cabello negro, acepta su culpa. Dice que cuando ve a sus hijos piensa que es mejor entregarse y pagar su condena porque ella jamás ha incurrido en un acto ilegal y no quiere dejar ese ejemplo a su familia.
Está muy enojada. Pide que los bancos se hagan responsables. Fueron cómplices de las operaciones, ya que no es posible que con sólo presentar su credencial de elector, sin pedirle antecedentes económicos ni otro tipo de comprobantes, le hayan abierto una cuenta.
Tal vez Ramona tenga algo de razón en buscar responsabilidades en los bancos involucrados en estas operaciones, como HSBC, Banamex, Bancoppel, Azteca y Bancomer.
Y seguro no sabe que cada año en México las instituciones bancarias incurren en incumplimientos a la normatividad de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Sólo en el último año 27 bancos acumularon 130 infracciones a la normatividad para prevenir el lavado. Entre las fallas más frecuentes detectadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se encuentra la apertura de cuentas sin integrar correctamente el expediente de identificación del cliente.
Tampoco aplican cuestionarios de identificación que permitan obtener mayor información sobre clientes de alto riesgo y no verifican –cuando menos una vez al año– que los expedientes cuenten con todos los datos y documentos legales.
En 2014 instituciones como Bancoppel, Banamex y HSBC omitieron enviar a la Secretaría de Hacienda el reporte de operaciones con dólares en efectivo en el plazo establecido.
De hecho, entre el 23 de enero de 2014 y el 26 de febrero de este año la comisión ha impuesto multas por 70 millones de pesos.
Una muestra de cómo los bancos relajan sus normas de prevención de lavado de dinero es que muchos no cuentan con medidas para conocer el origen de los recursos en operaciones clasificadas de alto riesgo.
Iván Alemán, vicepresidente de Procesos Preventivos de la CNBV, reconoce que el sistema bancario mexicano aún tiene “áreas de oportunidad”, pero éstas se han solventado una a una.
En la actualidad, afirma el funcionario, han aumentado las revisiones y el número de sanciones por lavado de dinero. “Estamos en proceso de mejora”, advierte y pone como prueba que el cumplimiento de las reglas ha crecido de 60 a 90 por ciento entre 2012 y 2015.
El pitufeo no se escapa de los ojos de la institución, expone Alemán, y para ello en diciembre pasado se aprobó la obligación de identificar a las personas a partir del depósito de un dólar; la medida entrará en vigor en 2016.
Y si bien se ha avanzado en la regulación, en los controles y en el monitoreo, el siguiente paso, abona Iván Alemán, es que las entidades financieras los cumplan de manera eficaz.
* * *
El día que a Ramona le entregaron la notificación para que se presentara a declarar, la mujer le soltó un rosario de lamentos y arrepentimientos al hombre que tocó a su puerta.
–Mire, señora, le recomiendo que usted vaya, se consiga un abogado y diga que la credencial se le perdió e hicieron mal uso de ella –sugirió el funcionario.
–Pero no, oiga, cómo voy a decir más mentiras –contestó.
–Usted hágale así, si quiere salir bien librada –insistió el hombre.
Ramona no dejaba de mover la cabeza de un lado a otro, reprobando la sugerencia del funcionario. Pronto comenzó a pensar en los recorridos que hizo por los bancos, en el rostro de los hombres que la acompañaron y en el gesto de uno de ellos cuando con una mirada desafiante la obligó a firmar el retiro de dinero.
–¿Pero cómo voy a decir eso? Si hay camaritas en todos los bancos a donde fuimos y ahí se ve todo, ¿usted cree que nos vamos a involucrar en otro delito más? No, no.
El funcionario se retiró y Ramona comenzó a buscar respuestas en la experiencia de los años. Le vino a la memoria la ocasión en que una vecina acompañó a los hombres de vestimenta elegante al banco y se dijo así misma que esa sería la última vez, aunque no lo cumplió.
En esa ocasión la empleada de Bancoppel se negó a abrir la cuenta. Sin preocupación alguna, el hombre inclinó su cabeza a la altura de la joven y en voz baja, le dijo: “Ábrele la cuenta a la señora, y si no se la abres, recuerda que tu hija está en este momento en el kínder”.
La vecina de Ramona, avergonzada, fue testigo de la manera súbita en que la muchacha, cabizbaja, cambió el tono de sus palabras y accedió.
Ahora, a casi cuatro años, sentada en un salón de paredes blancas del centro de la ciudad de Culiacán, esa imagen la perturba, la intimida. Sabe que no fue correcto lo que hizo y que tendrá consecuencias, pero reitera que aceptó por necesidad y por desconocimiento.
Había sorteado los años más difíciles de su viudez y lo único que deseaba era seguir garantizándoles el alimento y la vestimenta a sus cuatro hijos –unos en preescolar y otros en primaria–.
Se consuela y se anima a sí misma:
“No creo que por haber comprado 10 kilos de frijol con ese dinero me vayan a meter a la cárcel. Sería injusto”.
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