Elementos del Ejército Mexicano ingresaron a la villa de Cloete, en el municipio coahuilense de Sabinas, amenazando a vecinos con detenerlos si no retiraban una protesta contra la instalación de una mina clausurada por el gobierno federal.
Desde ayer los empresarios Álvaro Jaime, Joel Bermea y Servando Guerra ingresaron al tajo carbonero “Cloete Norte”, con la pretensión de reiniciar operaciones. Como el fundo minero estaba clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), vecinos de esa localidad se apostaron en las inmediaciones para impedir las actividades.
Esta mañana, en un nuevo intento por reiniciar operaciones, los empresarios llegaron acompañados de efectivos militares a bordo de tanquetas, quienes conminaron a los habitantes de la villa a retirarse y permitir los trabajos, advirtiéndoles que de no acatar la orden, serían detenidos. Los empresarios argüían que contaban con una autorización de Profepa, emitida el pasado 3 de enero, a través de la que ya había levantado la clausura.
Los intentos por reabrir ese tajo carbonero se han visto limitados por la movilización social en la comunidad, ya que se ubica a unos cuantos metros del caserío, e inclusive afectaría predios vecinales.
La Familia de Pasta de Conchos, una asociación civil que agrupa a mineros y familiares de quienes han perdido la vida en actividades extractivas, denunció que la presencia militar es injustificada.
Cristina Auerbach Benavides, defensora de derechos humanos que forma parte de dicha organización, pidió a la delegación estatal de la Profepa que confirmara el levantamiento de la clausura. La dependencia, sin embargo, negó la versión de los empresarios.
En el expediente administrativo PFPA/12.2/2.C.27.2/0047-15, cuya copia tiene Apro, se integró un acuerdo signado el pasado 3 de enero, en el que, en efecto, se levantó la clausura, pero no para reiniciar actividades extractivas, sino para remediar, en un plazo de tres meses, los daños causados en la zona durante el desarrollo del tajo carbonero.
Los empresarios que pretenden reabrir la explotación carbonífera están identificados con grupos políticos de la zona, como en el caso de Servando Guerra y Álvaro Jaime, este último regidor priista del ayuntamiento de Sabinas.
En tanto, Joel Bermea es hermano de Reynol Bermea, un concesionario carbonero que en 2011 fue detenido por la Marina acusado de pertenecer a la organización criminal de Los Zetas. Meses después quedó en libertad, pero al poco tiempo fue asesinado a tiros.
Las empresas de la familia Bermea y su socio Servando Guerra fueron incluidas en investigaciones relacionadas con los hermanos Treviño Morales, Miguel Ángel El Z40 o L40 y Omar, El Z42. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad, a través de la paraestatal del gobierno de Coahuila, Promotora del Desarrollo Minero (Prodemi), le siguió comprando el mineral para alimentar las plantas carboeléctricas ubicadas en el municipio de Nava, muy cerca de la frontera.
Respecto del operativo de hoy, Auerbach Benavides consideró que la protección del Ejército en la apertura de una mina ilegal es indicativa de que alguna autoridad se propone garantizar la operación en ese socavón.
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