En la última semana los ánimos se exacerbaron en Guerrero. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa, cansados del desdén de las autoridades a su petición de investigar al Ejército, arremetieron contra las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala. Ese evento terminó por doblar a las autoridades federales.
El martes 13, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a abrir las puertas del cuartel a los padres agraviados, e invitó a la CNDH a acompañarlos. Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro Prodh, dice que el largo historial de abusos militares obliga a las autoridades civiles, por lo menos, a investigar al Ejército.
Las escenas de confrontación entre padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y soldados el lunes 12 frente a instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala, son muestra de su desesperación por saber dónde están sus hijos.
El desdén de las autoridades federales para atender institucionalmente su petición y la negativa del gobierno de Enrique Peña Nieto a abrir una línea de investigación sobre el Ejército, alimentó el encono de los padres, sostiene Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que los representan.
“Los papás han estado insistiendo mucho en este punto (la revisión de los cuarteles) desde hace tiempo. En ese sentido, lo que pasó el lunes 12 en Iguala se explica porque no se le ha buscado un cauce institucional a su petición”, comenta Aguirre Espinosa .
Esa inquietud por buscar a sus hijos en instalaciones militares ha sido una constante, insiste. El 29 de septiembre, por ejemplo, acudieron al 27 Batallón y preguntaron al comandante José Rodríguez Pérez sobre la refriega del 26 de septiembre.
El militar les dijo que se había enterado “al último” y rechazó que los soldados a su cargo hubieren participado en las detenciones de normalistas o de policías agresores. Pero los padres no han quitado el dedo del renglón.
El martes 13, en una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, los padres de los jóvenes desaparecidos lograron el compromiso de las autoridades para ingresar a instalaciones del 27 Batallón de Infantería. Horas después la invitación se hizo extensiva al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
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