En territorio mexicano agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y fiscales del Departamento de Justicia se reunieron y negociaron, en secreto, con miembros de cárteles del narcotráfico para obtener información de organizaciones rivales, situación que incrementó la violencia en todo el país.
La DEA, el Departamento de Justicia, así como otras agencias estadounidenses consultadas por este medio sobre las reuniones de sus agentes con narcotraficantes, declinaron hacer comentarios al respecto.
Durante un año, se obtuvo documentos oficiales y judiciales de México y de Estados Unidos, entrevistó a más de un centenar de funcionarios en activo o retirados de ambos países; a detenidos, familiares de detenidos, especialistas, aunque sólo se incluye aquí a los que aceptaron ser identificados.
Ninguna autoridad mexicana reportó al Congreso de la Unión esos encuentros. Hasta ahora tampoco se ha abierto en México alguna investigación sobre dichas reuniones en territorio mexicano.
Documentos judiciales, indican que el gobierno de Estados Unidos conocía y autorizó las reuniones, así como las negociaciones con miembros de cárteles mexicanos, especialmente con el de Sinaloa, para obtener información de sus rivales, y con ella se lograron aseguramientos de cargamentos, así como detenciones, lo que detonó la violencia en México durante el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Coincidiendo con los dos sexenios panistas, fiscales de Estados Unidos como Steve Fraga, así como agentes de la DEA como Manuel Castañón, David Herrod y Carlos Mitchem, quien era asistente del director regional, se reunieron con traficantes de droga en México.
David Gaddis, entonces director regional de la DEA con sede en el Distrito Federal, así como otros directivos de la agencia en EU, autorizaron que sus agentes se reunieran con miembros de cárteles sin informarlo al gobierno mexicano y permitieron, bajo acuerdos por escrito, que los narcotraficantes siguieran operando.
"En gran parte porque estamos ahí [México] en operación para recabar datos de inteligencia para apoyar las investigaciones en Estados Unidos. En ese sentido, he entrevistado a varios miembros de cárteles y narcotraficantes como Zambada-Niebla en México. No es como entrevistar a un fugitivo que camina en mi oficina en San Diego. En San Diego puedo arrestar al fugitivo. En México no puedo", afirmó el agente de la DEA Manuel Castañón en su declaración por escrito integrada al proceso de Vicente Zambada Niebla en Chicago.
Al respecto, Rusty Payne, vocero de la agencia antidrogas de Estados Unidos señaló que "la DEA no hará comentario sobre estos reportes en curso. El señor (David) Gaddis no trabaja ya para la DEA".
En Colombia la DEA así como otras agencias estadounidenses obtuvieron información de organizaciones rivales en contra de Pablo Escobar, trabajando de manera cercana con la policía colombiana, un trabajo que fue calificado como muy importante y un gran éxito por Myles Frechette, ex embajador de Estados Unidos en Colombia.
"El problema del narcotráfico sigue en Colombia, pero se logró la reducción del tráfico de cocaína y otras drogas", agregó Frechette en entrevista con éste medio.
La DEA ha operado de la misma manera en Colombia desde los ´80s, en Cambodia, en Thailandia, y desde hace más de 10 años también en Afganistán es el estándar modus operandi de la agencia, explicó Edgardo Buscaglia, catedrático de la Universidad de Columbia.
"Claro que este modus operandi implica una violación del derecho internacional público, además de representar más gasolina al fuego de la violencia, con violaciones al debido proceso y a derechos humanos", destacó Buscaglia.
En éste sentido, agregó que lo hecho y deshecho por la DEA viola la convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada "ya que exige que toda investigación transnacional de un Estado, dentro del territorio soberano de otro Estado, siempre se sujete al marco jurídico vigente en el territorio en donde la técnicas de investigación se implementen".
Al respecto, el penalista Juan Velázquez destacó que los tratados internacionales celebrados por México y otros países permiten que los agentes extranjeros estén, en México, supeditados a los nuestros y simplemente como cooperantes recabando información, entre otros, sin que puedan actuar independientemente.
"Ni los acuerdos bilaterales de cooperación ni otras ´cosas´ están por encima de la Constitución, que es la ley suprema. Si nuestras autoridades permiten lo contrario actúan ilegalmente y son sujetas de responsabilidad, pero ¿cómo se les exigiría si tales acuerdos y el actuar de todos es secreto y por eso nada se sabe al respecto?", expresó.
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