La guerra comenzó un lunes. El 21 de enero de 2008. A bordo de vehículos Hummer, y con fuerte artillería pesada, más de 300 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del ejército mexicano, GAFE, se posicionaron en los alrededores de una residencia ubicada en la colonia Burócratas, de Culiacán.
Según la Secretaría de la Defensa, una llamada anónima había indicado que el menor de los hermanos Beltrán, Alfredo, alias El Mochomo, esperaba en ese domicilio un cargamento de dinero destinado a solventar compromisos pendientes con sus socios colombianos. Según la declaración de un narcotraficante conocido como El 19 —que se integró al programa de testigos protegidos bajo la clave “Jennifer”, (PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008)—, el ejército había obtenido la ubicación de El Mochomo a través de un militar que logró infiltrarse en su círculo cercano, y al que se conocía como El Chamaco. “El Chamaco logró llamar al GAFE para informar sobre la ubicación y las condiciones de baja seguridad”, relató “Jennifer”.
Los militares tuvieron que posponer el operativo durante 10 horas, porque detectaron a unos hombres en la azotea de la casa. Cerca de la madrugada, el portón se abrió. Salió una camioneta BMW de color blanco, con cuatro hombres a bordo. Los soldados de elite les cerraron el paso. Los tripulantes se entregaron sin hacer un solo tiro. Dentro de la casa había 900 mil dólares, 11 relojes finos, un AK-47 y ocho armas cortas. Un corrido informó al día siguiente: “El Mochomo era el hombre de confianza / que el cártel necesitaba / pero el 21 de enero su carrera le cortaban”.
La noticia de la detención de Alfredo Beltrán Leyva, uno de los cabecillas del cártel del Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, fue presentada como el golpe más importante realizado hasta entonces por el gobierno en la guerra contra el narco que Felipe Calderón había decretado. En la Procuraduría General de la República, y concretamente en la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, provocó un terremoto. La célula dirigida por los hermanos Héctor, Alfredo y Arturo Beltrán Leyva había vulnerado las estructuras más altas de esa institución, a través de pagos mensuales de entre 150 y 450 mil dólares, según demostró luego la llamada Operación Limpieza: funcionarios del mayor nivel de la SIEDO realizaban detenciones, cateos y filtraciones, en beneficio del cártel.
Aquel día varios servidores públicos se paseaban nerviosos. Habían recibido informes de que El Mochomo iba a ser detenido, pero “en la SIEDO nada podían hacer para evitarlo”. Esperaban que los operadores de Arturo Beltrán los llamaran a cuentas.
Fueron llamados ese mismo día. Uno de los principales lugartenientes del grupo, Sergio Villarreal, El Grande, se reunió con el director de Inteligencia de la SIEDO, Fernando Rivera, así como con los comandantes Milton Cilia y Roberto García. Según la declaración que Rivera rindió poco después en calidad de testigo protegido, bajo la clave “Moisés”, El Grande les dijo que Arturo Beltrán Leyva estaba encabronado: “Quería saber a quién iba a matar. Todos recibían dinero de él y nadie le avisó de la detención de su hermano”.
Los funcionarios le explicaron que no habían trabajado ese asunto, “que era un asunto del GAFE, del alto mando de la Sedena”. El Grande exigió la lista de los militares que habían tomado parte en el operativo, así como los “informes originales” de la detención. El director Rivera se comprometió a obtenerlos. No sólo eso: de acuerdo con la declaración de “Jennifer”, antes de las dos de la tarde había entregado los reportes militares, el nombre del infiltrado que había proporcionado la información a los GAFES, las copias completas de las declaraciones que El Mochomo había rendido ante la SIEDO… y un croquis que señalaba el sitio exacto en donde el capo se hallaba recluido.
Rivera informó que “de las 11 de la noche en adelante ya no iban a estar presentes las fuerzas especiales del ejército, y que sólo quedarían custodiando el inmueble 11 agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI”. Le dijo a El Grande que “con la entrega de un millón de pesos para los AFIS, así como de tres millones que serían entregados a Fernando Rivera y su gente, se lograría neutralizar al conjunto de guardia y permitir que una camioneta blindada rompiera la reja de acceso a la SIEDO”.
El Grande —relata la averiguación previa SIEDO/UET/6668/2008—, calculaba reunir a unas 150 personas para realizar el asalto. Sin embargo, al sopesar los riesgos, decidió cancelar la operación. Alfredo Beltrán Leyva fue recluido en el penal de Puente Grande.
La captura de El Mochomo provocó una escisión en el cártel de Sinaloa. Existe la versión de que El Chapo negoció la captura del menor de los Beltrán, a cambio de la liberación de su hijo, Archibaldo Guzmán, alias El Chapito, quien se hallaba recluido en el penal del Altiplano desde 2005: a sólo tres meses de la caída de El Mochomo, El Chapito fue liberado.
Otra versión señala que Arturo Beltrán se entrevistó con El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada para pedirles que le ayudaran a rescatar a su hermano. Los jefes del cártel le pidieron tiempo, pero en una segunda reunión le explicaron que “no había condiciones” para efectuar el rescate. El Mochomo debía ser “sacrificado”.
Se cree que en el narcotráfico las alianzas de sangre son indestructibles. El Mochomo estaba casado con una prima de El Chapo. Arturo Beltrán, sin embargo, salió de aquella reunión con la idea de que la alianza se había roto. A partir de ahora iba a cobrar muerte por muerte, detención por detención. El Chapo y El Mayo lo supieron. Quisieron adelantarse.
A fines de abril de 2008, el mismo mes en que El Chapito fue liberado, ocurrió una balacera en la colonia Guadalupe, de Culiacán. Una casa, en la que presuntamente se encontraba uno de los hijos de Arturo Beltrán, fue atacada por elementos de la Policía Federal, apoyados por policías locales. Murieron cinco escoltas y dos agentes ministeriales. Arturo Beltrán acusó a los federales de servir de brazo armado a los intereses de El Chapo y ordenó a su gente asesinar policías donde los encontraran. Hizo colocar narcomantas en las que podía leerse: “Policías, soldados, para que les quede claro, El Mochomo sigue pesando. Atte. Arturo Beltrán Leyva”. Y también: “Soldaditos de plomo, federales de paja, aquí el territorio es de Arturo Beltrán”.
Un día después de la balacera en la colonia Guadalupe, cuatro agentes de la Policía Federal Preventiva, PFP, murieron acribillados cuando patrullaban el centro de Culiacán. En Imala, dos policías municipales fueron ejecutados. A lo largo de la ciudad se verificaron ataques contra policías locales. La PFP concentró 800 agentes en la plaza de Sinaloa.
De ese modo terminó abril, el mes en que se soltaron los demonios y comenzó el enfrentamiento que a lo largo de 2008 dejó en la entidad un saldo de mil 156 ejecuciones.
La infiltración
El 7 de mayo de 2008 un retén de la Policía Federal fue instalado en el kilómetro 95 de la Autopista del Sol. La PFP acababa de recibir una información filtrada por El Mayo Zambada: un convoy en el que viajaba Arturo Beltrán cruzaría en cualquier momento por aquel sitio. El encargado de coordinar la captura fue el director regional de la PFP, Édgar Eusebio Millán. El dato proporcionado por los Zambada resultó bueno: cinco vehículos sospechosos salieron del Hotel Motel Rosales, en donde Arturo Beltrán acababa de tener una reunión. Los agentes les marcaron el alto. Los integrantes del convoy respondieron a tiros. Inició una persecución que terminó en Xoxocotla, con varios autos destrozados, la captura de nueve sicarios y dos agentes federales muertos. La camioneta en que viajaba Arturo Beltrán logró evadir el cerco: uno de sus escoltas impactó una patrulla para abrir paso a su jefe.
El Mayo Zambada, sin embargo, había contemplado esa posibilidad. Los datos que filtró a la PFP indicaban los domicilios del estado de Morelos en los que Beltrán Leyva podría refugiarse. El inspector de operaciones Édgar Enrique Bayardo, el funcionario que había recibido la filtración —y operaba como contacto de El Mayo al interior de la PFP—, se comunicó con el jefe antidrogas de la corporación, Gerardo Garay, y le dijo: “Tenemos ubicados varios domicilios aquí en Morelos. Estamos concentrados y listos para entrar”.
El jefe antidrogas lo detuvo en seco: “Paren todo. Regresen de inmediato a la ciudad de México”.
Cinco meses antes, a través de una supuesta intercepción telefónica, el director de Combate a la Delincuencia Organizada de la PFP, Roberto Velasco, había ubicado a Beltrán en una mansión de la calle Escarcha, en el Pedregal de San Ángel.
Velasco le comunicó al jefe antidrogas: “La gente está colocada en puntos estratégicos”. Pidió luz verde para poner en marcha la detención.
Pero Garay se negó a dar la orden: “Aguanten. Vamos a esperarnos para más adelante”.
De acuerdo con la declaración ministerial de un testigo protegido, el agente de la División Antidrogas, Fidel Hernández (PGR/SIEDO/UEIDCS/359/2008), las indicaciones de Garay fueron criticadas por su subalterno: “Pero jefe, tengo evidencia de que Arturo Beltrán se encuentra aquí”.
.png)
0 comentarios:
Publicar un comentario