Apenas Carlos Alberto Acuña Ronquillo, un militar de intendencia y de administración con 33 años de servicio en la milicia, tomaba el mando de la Policía y Tránsito en Ahome, la aparentetranquilidad que heredaba el jefe ministerial, Gerardo Amarillas Gastélum, se quebró.
Al menos tres grupos armados comenzaron una serie de privaciones de la libertad de civiles que estaban apostados en esquinas y caminos rurales y de otros que en grupo circulaban en vehículos, y en una escalada mortal, tres jóvenes fueron asesinados a sangre fría.
En ningún caso hubo detenidos, manteniéndose la inercia que el ex jefe policial mantuvo en caso de asesinatos a mansalva o de “levantones” tumultuarios sucedidos en fechas recientes.
La realidad que golpeó al municipio —disimulada por Amarillas, quien sistemáticamente negaba la operación de grupos criminales dedicados a la distribución de drogas—, fue apabullante. Como apabullante también fue la repentina paralización prácticamente a cero de distribuidores de metanfetaminas, alcaloides, opiácidos, fármacos y de enervantes.
De acuerdo con información oficial, Jesús Salvador Escobar Laurean se encontraba frente un caserío de la zona industrial, el martes pasado, cuando fue privado de la libertad por un grupo armado. Dos días después, su cadáver y el de otro joven fueron encontrados a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad. Estaba inmovilizado y con lesiones de bala. Esta sería la primera de las muertes que llegarían. El segundo ejecutado no había sido reclamado por deudos.
Ese mismo martes, el grupo armado se llevó a Víctor Ignacio Parra León, de 41 años, con domicilio en la calle Plan de San Luis, entre Primero de Mayo y bulevar Rosendo G. Castro, de la colonia Tabachines. El 13 de noviembre de 2013, él fue detenido por venta de mariguana.
Minutos después, Óscar Canchola Moreno, de 27 años, con domicilio en la calle Monterrey, en la colonia Raúl Romanillo, y Tomás Isaías Montes Ruiz, fueron privados de la libertad cuando viajaban en un auto Eclipse, de color lila, con placas de Sinaloa.
Ambos fueron trasladados a una casa de seguridad ubicada en Paseo Alameda entre Jesús G. Ortega y Agustina Ramírez, en el fraccionamiento Álamos Country, de donde escapó Tomás. Cuando la policía llegó a la vivienda, estaba vacía.
El miércoles, de acuerdo con los informes policiales, Osvaldo Ernesto Leal Camacho, de 35 años, y residente de la colonia Infonavit Macapule, fue asesinado a sangre fría mientras se encontraba en un domicilio habilitado como taller.
El viernes, un cuarto ejecutado apareció, en las inmediaciones del ejido Benito Juárez, a unos 10 kilómetros al sur de la ciudad.
Carlos Alberto Acuña Ronquillo, ante los hechos, negó que la escalada violenta fuera su recibimiento de la criminalidad local, pues para ellos era un desconocido, pese a que era su tercera ocasión en la entidad, y la primera como autoridad civil.
“Me siento como el niño nuevo en la escuela”, comentó en torno a esta responsabilidad.
Atribuyó los acontecimientos a otras circunstancias que imperan, como en toda ciudad del país, ajenas a la autoridad local. No obstante, ofreció reforzar la zona urbana.
Sostuvo que llega para imponer orden y estrategia para que las calles estén tranquilas, y las labores cotidianas se realicen sin sobresaltos.
“Habrá cambios, pues ninguno del personal de seguridad, incluyéndome, tiene voto de confianza y de permanencia en el cargo”, prometió. En estos no se incorporarán militares, por el momento, aseguró.
El alcalde Álvaro Ruelas Echave salió al paso de los hechos y aseguró que como otras ciudades del estado y del país, Los Mochis vive momentos complicados y difíciles, pero nada extraordinarios como para no haber respuesta de la autoridad, en materia de prevención, que es su responsabilidad inmediata y como respaldo de corporaciones superiores, a quienes se les unirá como coordinación institucional.
“Son riesgos cotidianos, esos repuntes”, dijo, y añadió que “he dado instrucciones para que no se repare en nada en materia de seguridad pública. Estamos trabajando muy duro. No estamos de brazos cruzados. Los resultados que esperamos lograr se tendrán. El esfuerzo es constante”.
En tanto, la coordinación institucional entre civiles y militares ha sido más que elocuente.
Común se hizo a la población ya observar soldados, miembros de la Policía Militar patrullando a bordo de unidades civiles, ya sea de corporación preventiva o de persecutora de delitos, incluso de resguardo de valores.
La seguridad local también se vio reforzada por la llegada de una compañía de elementos de la Policía Federal Preventiva.
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