Altos mandos militares están irritados con la fuga del penal de Culiacán y han externado abiertamente su coraje contra el gobierno estatal
Por no ser famoso, pasó desapercibido. La atención de la fuga del penal de Culiacán el pasado 16 de marzo se volcó hacia el hijo de “El Azul” Esparragoza, fundador del Cártel de Sinaloa, socio de “El Chapo” Guzmán.
Sin embargo, no es este joven el que preocupa más a las autoridades que ande suelto. Para la inteligencia federal, el más peligroso es Alfonso Limón Sánchez, alias “El Limón”: lo consideran el más sanguinario, el que tiene más dinero y el que mueve más droga.
Otro que por no ser famoso está pasando desapercibido es el gobernador de Sinaloa, el priísta Quirino Ordaz. Es nuevo y poco conocido a nivel nacional. No lleva ni cien días en el poder, pero ya despertó la molestia y las sospechas entre algunos miembros del gabinete de Seguridad federal.
Se sabe que los altos mandos militares están verdaderamente irritados con la fuga y han externado abiertamente su coraje ante autoridades federales y locales. Cuentan que nunca habían visto a los generales hablar así de un gobierno estatal.
Quizá el punto de desencuentro más relevante es que acusan a su administración de no estar cooperando con el Ejército y la PGR. A una semana de los hechos, según fuentes federales, el gobierno estatal no proporcionaba copia de los videos clave.
Otro punto de tensión ha sido que ante los medios de comunicación el gobierno estatal ha declarado que la PGR es la que lleva la investigación, pero eso les parece más un intento de lavarse las manos y desviar la atención porque, aseguran, la indagatoria sigue en manos de la fiscalía sinaloense y la PGR se ha concentrado en hacer diligencias para recapturar a los escapados (a través de la Agencia de Investigación Criminal) y obtener órdenes de aprehensión (por medio de la Subprocuraduría de Control Regional y Amparos).
Así que las tensiones entre la PGR y la administración de Quirino Ordaz están también en un punto muy alto, al grado que en la Procuraduría no descartan atraer la investigación y fincar responsabilidades a funcionarios de la Fiscalía sinaloense por su negligencia.
Concretamente, señalan, en las primeras 48 horas después de la fuga —consideradas claves para la reaprehensión— no hubo intercambio de información ni aplicación correcta de los protocolos para una situación de esta naturaleza. Basta recordar que la fuga se reportó en redes sociales a la 1 de la tarde del 16 de marzo, pero los custodios del penal dieron aviso hasta las 4:30 pm. Y de ahí, lentitud en toda la cadena.
El principal sospechoso de haber sido el orquestador de la fuga es el entonces jefe de seguridad del penal, José Mario Murillo. Según consta en la investigación, sus familiares denunciaron que al mediodía de ese 16 de marzo fue “levantado” por gente armada que llegó en camionetas a su domicilio.
Sin embargo, según el expediente al que ha tenido acceso la autoridad federal, las cámaras de seguridad de Culiacán no registran que cerca de la casa del mando policiaco hubiera camionetas como las que describen los familiares. Así que para la PGR y el Ejército no hay evidencia de que esté secuestrado. Más bien sospechan que desapareció en probable contubernio con los criminales fugados.
SACIAMORBOS. Se temía que Estados Unidos sacara el tema de la fuga en la reunión fiscal Sessions-procurador Cervantes de hace unos días, pero no sucedió.
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