Si el narco existe es porque el Gobierno lo protege

Eso de “plata o plomo” es una falacia: ex diplomático militar

Cuando alguien le preguntó por escrito al teniente coronel Gerardo René Herrera Guisar, un exagregado militar en las embajadas de México en Francia, Bélgica y Holanda, y ex asesor de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el combate a la delincuencia organizada en México, de inmediato respondió: “Se debe combatir desde dentro, desde las entrañas”.

Pero cuando adelantó que diría algo que a lo mejor a muchos no les pueda parecer, el público asistente al Foro sobre el marco regulatorio de la actuación de las fuerzas armadas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de  la UNAM, en su mayoría especialistas en derecho, se quedó expectante.

“Ningún sistema criminal adquiere esa connotación si no tiene la protección de la autoridad. Cundo la autoridad se decide a combatir el sistema delincuencial en los niveles que sea, no puede andar aduciendo —porque es una gran falacia y se los digo por una larga experiencia militar— esto de plata o plomo. Es una gran falacia”.

Si la autoridad “se decide a actuar y tiene el respaldo social y una resolución muy sólida de acabarcon el crimen, se acaba con el crimen. Hasta aquí mi comentario en ese sentido”.

Prosigue: “Yo no comprendo cómo un señor con tres años de escolaridad, nacido en la sierra de Sinaloa, con una carencia afectiva desde niño, etcétera, se haya convertido en el narcotraficante más rico del mundo y el hombre más peligroso de la humanidad. ¿Ustedes lo creen? Yo no”, se responde.

Su nivel de peligrosidad, agregó, “se lo da el entorno en el cual se mueve y que con toda probabilidad, yo dudo mucho, que él sea la cabeza de esta hidra que controla todo el aparato global”.

Dijo que por eso cree que el tema del combate al narcotráfico es una cuestión de voluntades y deacción política, no de aplicación de la norma. Señaló que mientras la criminalidad tenga esos vacíos legales para evadirse, será difícil acotarla y acabarla desde sus entrañas, aunque tampoco cree, aclaró, que un país lo pueda lograr al cien por ciento.

Al exponer su opinión sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas policiacas  en la coyuntura actual, el también licenciado en administración militar por la Escuela Superior de Guerra, consideró que ésta ya no es una postura política sino una necesidad fundamental porque no se tiene un cuerpo policiaco capaz de garantizar seguridad pública, y si ahora las fuerzas armadas no cubren ese vacío, el país será un caos.

Afirmó que los militares deberán regresar lo más pronto posible a sus cuarteles porque este tema del narcotráfico y la seguridad pública no se arreglarán a balazos, ya que falta una regulación que establezca facultades y  compromisos a todo el aparato del Estado, no solo a las fuerzas armadas.

Subrayó que las fuerzas armadas están desde su origen, hechas para el orden interno, para protegernos del exterior.

“¿Qué pasa cuando por decreto  presidencial tienen que salir las fuerzas armadas  a combatir el narco porque es una gran amenaza? las estadísticas revelan que antes de esta declaratoria, no se tenía un estado tan critico y tampoco estaba el país en niveles que justificaran el empleo de la fuerza armada”.

Fue una decisión política, asegura, y “fue una decisión presidencial. Pero nunca les dijeron cómo ni cuándo ni dónde ni cuál iba a ser la dimensión. Tenemos diez años que las tropas están fuera de sus cuarteles haciendo las tareas de policía”.

Por eso, señala que se requiere una regulación para tener facultades para trabajar. Y esto lo han pedido los secretarios de Marina y Defensa Nacional.

Afirmó que la participación de las fuerzas armadas en la coyuntura actual sí es necesaria, porque no se tiene un cuerpo policiaco capaz, que quedó abandonado. Y si ahora, las fuerzas armadas no cubren ese vacío, habría caos.

“Ahora ya no es una posición política, es una necesidad fundamental no dejar ese vacío, pero paralelamente debe fortalecerse el entramado que sí debe ocuparse de eso. Regular las fuerzas armadas también es necesario. Falta una regulación que establezca facultades y  compromisos a todo el aparato del Estado, no solo a las fuerzas armadas. Porque este tema no se va a arreglar a balazos. Las tropas deben regresar lo más pronto posible a sus cuarteles”.

En el contexto de las iniciativas que se discuten en el Congreso de la Unión sobre la Ley de Seguridad Interna para dar facultades a las fuerzas castrenses de hacer tareas de policías, dice que no es necesario emitir una nueva ley. Afirmó que la seguridad interior es un componente de la seguridad nacional y lo que debe hacerse es una revisión de la normatividad para que el artículo 89 no se contraponga con el 129 y el 21 no se confronte con el tema de la ley de seguridad nacional.

Exigen a la Suprema Corte rectifique su decisión de avalar el despliegue de las fuerzas armadas

Expertos en derecho constitucional le exigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que rectifique su decisión de avalar el despliegue territorial de las fuerzas armadas, para desarrollar tareas de seguridad en el país, porque además de ser una acción de inconstitucionalidad, violenta los convenios suscritos por México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al debatirse este controvertido tema sobre el marco normativo de actuación de las fuerzas armadas en México, el doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Rodrigo Gutiérrez  advirtió que la Corte Interamericana podría regañar —como ocurrió en otras ocasiones— a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber avalado esta decisión “débil y endeble” que pisotea los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Destaca que no solamente  la Corte Interamericana ha hecho pronunciamientos certeros para que México desista en su interés por sacar los militares de los cuarteles y asignarles labores policiacas.

Otros actores autorizados aparte de la Corte Interamericana para interpretar los derechos humanos como el Relator Especial para el Caso de la Tortura en México, que hizo señalamientos explícitos a México, argumentando la poca conveniencia de que las fuerzas militares estén desempeñando labores de seguridad pública.

Lo mismo hizo en su informe el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales en México, Christopher Hebels, quien recalca los serios riesgos que implicar tener a las fuerzas armadas en las calles y espacios públicos.

En un modelo de democracia constitucional como el de México, nada ni nadie, pero sobre todo ningún poder público, puede estar por encima de la Constitución y los tratados internacionales. Esto significa que todos los actores del poder público vengan del Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial,  deberán someterse a las normas establecidas, remarca el jurista con especialidad en ciencia política y derecho constitucional.

Sostuvo que esta decisión de desplegar a las fuerzas castrenses por el territorio nacional obedeció a intereses políticos, porque no hubo ni hay un diagnóstico del por qué se tomó esa decisión de sacar a los militares a cubrir funciones de seguridad pública.

Las gráficas derivadas de investigaciones científicas destacan que en donde intervienen las fuerzas armadas hay un incremento de la violencia. Se dice constantemente que las policías están devastadas y hay un problema muy serio de narcotráfico para justificar la presencia del ejército.

Refirió que hay cuatro artículos constitucionales, entre éstos el 129, que prohíben expresamente que las fuerzas armadas estén haciendo labores de seguridad en tiempos de paz.

Tendría que haber una declaración de guerra para que esas fuerzas armadas realicen las funciones que ahora mismo está desempeñando y que ha puesto de facto al país en una situación de guerra, señala el investigador de la UNAM.

El experto señaló que las fuerzas armadas no están en sus cuarteles porque la Suprema Corte de Justicia resolvió  en 1996 una acción de inconstitucionalidad que avaló la intervención de las mismas para desarrollar tareas de seguridad.

En esta ocasión, dice, lo que la Suprema Corte analizó  fue la presencia y participación de las fuerzas armadas y el ejército en el Sistema Nacional de Seguridad, pero más bien con fines de coordinación administrativa interinstitucional, pero nunca se planteó el despliegue territorial del Ejército y la Marina en tareas de seguridad como se está viendo ahora.

Dijo que hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana en el que se establece que las fuerzas militares no deben realizar funciones de seguridad pública. Durante este debate, se dio a conocer un estudio sobre índices de letalidad elaborado por especialistas en derecho constitucional de la UNAM, que revela que la guerra ha construido un halo legitimador por el uso excesivo de la fuerza, incluso la letal.

Y es que esas palabras de “repeler una agresión” parecieran que obvian cualquier investigación civil que se haga para tratar de entender por qué sucedió o si hubo o no un uso legítimo de la fuerza. Con esas palabras ya no es necesario hacer una investigación y esto es muy preocupante en el contexto de las iniciativas actuales que incluso facultan el uso de la fuerza contra resistencias no agresivas que aparecen en las iniciativas del diputado Camacho como del Senador Roberto Gil.

Esto avizora un uso mayor de la fuerza, incluso letal, incluso un aumento de la tortura, y las fuerzas armadas están actuando hoy por hoy en tareas que no les competen constitucionalmente, por eso se intenta darle una cobertura legal sin tomar en cuenta los problemas que genera esta estrategia.