Se tambalea pacto de narcos en Juárez y la Sierra

Juárez sigue siendo uno de los más importantes puntos de cruce de droga a Estados Unidos. 

Catalogada como la más peligrosa del mundo en el sexenio de Felipe Calderón, ahora la ciudad ha recuperado poco a poco una tranquilidad aparente. 

Menos asesinatos, menos desapariciones, menos extorsiones… Pero esta precaria calma no llegó milagrosamente.

Agencias de inteligencia como la prestigiada Stratfor revelan la existencia de un acuerdo entre los jefes del narcotráfico para enfriar la plaza; enfriamiento que pasa por la eliminación de los pequeños delincuentes que aprovecharon el río revuelto para dedicarse al secuestro y el cobro de piso.

La agencia norteamericana atribuye la relativa disminución en la violencia que se ha registrado en ciudades como Tijuana y Juárez al control ganado en ambas localidades por el Cártel de Sinaloa, el cual, agrega un reporte, privilegia la compra y corrupción de autoridades por encima de la expansión de los homicidios.

“En el noroeste de México, específicamente en los estados de Baja California, Baja California Sur y Chihuahua (y en gran parte de Sonora), la Federación de Sinaloa controla directamente o usa de manera regular los corredores del contrabando y los puntos de entrada a los Estados Unidos”, dice el documento.

En pocas palabras, la relativa paz de Chihuahua pende de un hilo, y se basa en un pacto de narcos, no en la reconstrucción del tejido social, no en la depuración de policías, no en estrategias de seguridad y mucho menos en la aplicación de la justicia y el castigo a los responsables, pues el enorme grueso de los crímenes de años pasados siguen impunes.

Una muestra de esto es el enfrentamiento que ocurrió ayer en la fronteriza Praxedis G. Guerrero, donde se reportaron numerosas y prolongadas balaceras sin que ninguna autoridad se presentara, al igual que como ocurrió el jueves en Lluvia de Oro, Urique, donde comandos armados tomaron el poblado y asesinaron a varias personas, y las autoridades también recurren a la omisión… La baja en los asesinatos durará mientras los narcos quieran.

Lo que sí lograron los tres poderes de Chihuahua, con el apoyo de los municipios, fue realizar una estrategia coordinada y bien alineada… para censurar a los medios, pues con la reforma aprobada el jueves en el Congreso, combatirán “la difusión en medios públicos de imágenes que alteran el orden público, atacan a la moral y vulneran los derechos de terceros, (lo cual) es un alarmante para el Estado de Derecho”.

El argumento rancio y delirante de que los diputados son los garantes de la moral del pueblo y del orden público, está para dar risa y da una muestra de la ignorancia de la mayoría de nuestros legisladores, quienes hacen un intento patético por saltarte artículos como el VI y VII de la Constitución Mexicana, y el XIX de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tres puertas abiertas de par en par para interponer amparos.

En caso de que los medios de Chihuahua acataran la norma, algo que dudamos mucho, estarían creando un efecto contraproducente, pues si la intención de las autoridades es limitar la exhibición de hechos de violencia, sólo reforzarán la idea de que la estrategia de seguridad se limita a una tapadera, y arrastrarán la poca atención que le queda a los medios a las redes sociales, donde no habrá ningún tipo de control oficial.

Este es un esfuerzo por opacar los débiles avances del libre flujo de información en Chihuahua, similar al que impusieron el Infonavit y la Coesvi, pues esos organismos ocultaron bajo una cláusula de confidencialidad el monto total de la compraventa de más de 17 mil casas abandonadas en todo el estado.

En las solicitudes de datos realizadas a través del sistema Infomex, tanto la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) como el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) explicaron que no podían revelar cuánto pagaron por los inmuebles.

Hernán Ortiz Quintana, vocero de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), dijo que ocultar información sobre cualquier operación del gobierno, despierta suspicacias.

Es lamentable que el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) y otros sistemas nieguen datos a los que los ciudadanos tienen derecho, argumentando cláusulas de confidencialidad. Hay mucho dinero y secreto de por medio, y huele muy mal.

El director general de la Coesvi, Raúl Javalera Leal, declaró en agosto de este año que de las 17 mil casas recuperadas la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua (Coesvi) vendió 500 y hay mil personas interesadas en adquirir una. Los precios de las casas rehabilitadas varían, según el tamaño, pero el precio está en el rango de los 230 a 300 mil pesos.

Donde también se exigirá transparencia es en revelar cuánto pagó la administración estatal por llevar a Niurka a la posada con reporteros en Chihuahua y a Lorena Herrera a Juárez, así como a otras pachangas privadas de la administración. Marcela Turati, reportera chihuahuense de Proceso y considerada una de las mejores del país, ya puso el ojo sobre el caso.

La cacaraqueada Unión Ciudadana, que amagaba con presionar a la administración estatal, parece estar yéndose a pique, no por los ataques que constantemente ha recibido desde el propio estado, sino por sus propios vicios y falta de ideas. Uno de los primeros decepcionantes fue que a muchos les pareció que de ciudadana no tenía nada, con políticos viejos, sobre todo panistas, así como comunistas trasnochados, en un delirio de protagonismo y egocentrismo tan fuerte como el que dicen combatir. Pero el principal problema es la falta de estrategia, de tacto, pues a veces parece que Jaime García Chávez tiene más una obsesión personal con un personaje público que reales ganas de proponer y de mejorar la situación de Chihuahua.