En palabras de Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la violencia contra los menores se ha recrudecido, al tiempo que se ha transformado, diversificando sus niveles de intensidad. “Ya no es sólo el golpe tradicional que daban los padres para ‘educar’, ya tenemos violencia por parte de los cuerpos de seguridad contra adolescentes que son perseguidos por su apariencia.
También encontramos formas más grotescas en que se violenta a niños y adolescentes, más terribles, como la mutilación”, expuso el experto.
De igual modo, informó que existe un incremento en la percepción de casos de trata y desaparición de niños y adolescentes. En este punto demandó la necesidad de instaurar un sistema de información único que permita conocer cuántos casos de desaparición son reportados, cuántos son hallados, en qué condiciones son encontrados y cuántos expedientes siguen abiertos, pues hoy en día el Estado mexicano carece de éste.
“En el último periodo, organizaciones que integran el Observatorio Nacional contra elFeminicidio, han reportado un incremento en las desapariciones de mujeres adolescentes en demarcaciones como el Estado de México, Veracruz y Guerrero”, precisó. En relación, agregó que no existe alguna estrategia federal para erradicar la trata y desaparición de menores, cuestión que ha desembocado en críticas de organismos internacionales que sentencian que el país no tenga un programa para detener el fenómeno. “Instituciones del mundo han calificado a México como un paraíso para el turismo sexual así como la explotación sexual de niños y adolescentes. Se ha detectado en Morelos, Puebla y Quintana Roo, que la explotación sexual se ve incentivada por la corrupción policíaca así como la participación de grupos criminales”, señaló.
El especialista, también habló acerca de la llamada “nacroexplotación” cometida contra los menores de edad, tanto en México como en esta región de América Latina. Explicó que los grupos del narcotráfico han utilizado a niños, niñas y adolescentes como informantes y esclavos; en el caso de las mujeres adolescentes y niñas, señaló, se ha podido documentar que son sometidas a esclavitud sexual. “En estados como Guerrero y Durango, hay levantones masivos de menores para emplearlos en la recolección de cosechas de marihuana o en el procesamiento de sustancias, esto ocurre con la participación de autoridades locales, en particular, municipales y ante la ausencia de la protección del Estado en su conjunto”, aseveró.
En el tema de la explotación laboral, el director de la Redim declaró que se trata de un aspecto estructural y económico que, mientras no se mejore el ingreso familiar, será poco probable que se produzcan mejoras en el rubro. “La autoridad no tiene los medios para realizar supervisiones y evitar que se realice la explotación laboral infantil. Se ha documentado que en la agroindustria del norte del país hay todavía participación ilegal de niños, pero suceden en espacios privados y la autoridad no tiene la posibilidad de entrar sin la autorización del dueño”, advirtió.
En relación a los niños migrantes, declaró que sí existe un trato discriminatorio hacia ellos en su paso por México, además de los abusos físicos en su contra. Recordó el caso registrado en Tapachula, donde la policía de la localidad agredió a niños migrantes no acompañados, esto como medida de “limpieza social”.En lo referente a las acciones emprendidas por las autoridades gubernamentales para erradicar ésta y otras problemáticas de la niñez y adolescencia, Pérez García puntualizó que a pesar del cambio de las administraciones, no han existido acciones concretas que combatan esta situación.
Relacionado a lo anterior, mencionó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en diciembre, representa “una luz ante el escenario sombrío”. No obstante, enfatizó, a pesar del logro que representa esta nueva legislación, corre peligro al no haberse designado presupuesto para esta actividad. “Si bien, esta ley representa la oportunidad de superar 20 años de rezago, está en duda porque no se asignaron recursos económicos para su implementación y lo que es una buena noticia, puede terminar siendo un ridículo internacional”, detalló.
El gobierno, ausente para combatir las problemáticas de la niñez
De acuerdo con Juan Martín Pérez García, las problemáticas que sufren las niñas, niños y adolescentes en el país persisten debido a diversos factores. El primero, explica, tiene que ver con la poca relevancia que otorgan las autoridades a los problemas que afectan a la niñez. “Hay un trato desigual a las problemáticas de la infancia frente a todos los problemas que le afectan a la ciudadanía; se le sigue considerado como responsabilidad exclusiva de la familia”, dijo.
En tal sentido, denunció la existencia de discriminación institucional hacia los hechos relacionados con la infancia, lo cual se traduce en una delegación en la importancia de estas cuestiones. “A pesar que en la constitución se encuentra establecido que se debe considerar el interés superior de la infancia en cualquier decisión que tome el Estado mexicano, no se realiza y queda en segundo plano”, comentó.
Como siguiente punto, el directivo hizo mención de la persistente negación, por parte del gobierno, a la participación de las niñas, niños y adolescentes como ciudadanos plenos. Al respecto, Pérez García demandó que no existen mecanismos o espacios en los que se puedan hacer notar las voces de la infancia. “Tiene que ver con una visión todavía arcaica del derecho, que en la constitución establece que ser ciudadano se concibe a partir de los 18 años”, argumentó.
A pesar de lo anterior, añadió, México ha firmado tratados internacionales en donde se estipula el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como ciudadanos plenos, mismo que no se han cumplido. Recordó el caso concreto de la Convención sobre los Derechos del Niño, realizado hace 25 años, en donde se asume la tarea de reconocer la participación de los infantes.
De manera muy puntual, el defensor de los derechos de los menores, citó tres puntos necesarios a atender si se quieren combatir las problemáticas de la niñez. Mencionó que es imprescindible un rediseño institucional, en donde la forma de organizarse para atender a la infancia esté articulada, con un sistema de información. Asimismo ubicó como trascendental, la participación ciudadana e infantil donde se incluyan mecanismos para hacerlos partícipes. Por último, mencionó la necesidad de destinar recursos económicos, que entiendan los gobernantes que no es un gasto, sino una inversión que repercutirá en el desarrollo óptimo del país.
“Es posible decir que el gobierno es el gran responsable de los acontecimientos que aquejan a los niños, niñas y adolescentes, y más allá de ser un juicio personal es algo establecido a nivel institucional, pues de acuerdo con los Derechos Humanos, el Estado mexicano en su conjunto, es el primero, segundo y último responsable de la no garantía de derechos de la infancia”, finalizó.
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