Van por "El Mayo", "El Mónico", "El Cenizo", "El JL", "El Contador", "El L42", "El Azul" y "La Tuta"

"El Mayo" Zambada, "El Mónico", "El Cenizo", "El JL", "El Contador", "El L42", "El Azul" y "La Tuta", los más buscados; también Estados Unidos los tiene en la mira

El gobierno federal ha lanzado una ofensiva para capturar a ocho blancos “prioritarios”, considerados responsables de la violencia que aún aqueja a algunas zonas del país, delincuentes que forman parte de diversas organizaciones criminales.

La Procuraduría General de la República ofrece una recompensa de 180 millones de pesos por información que conduzca a su detención, mientras que Estados Unidos también promete un pago de 5 millones de dólares por algunos de ellos.

Prioridad representa la ubicación de Omar Treviño Morales, El L42, líder absoluto de Los zetas, e Ismael El Mayo Zambada, cabeza del cártel de Sinaloa, agrupaciones que han protagonizado enfrentamientos en el norte de México.


Por estos delincuentes, que también son requeridos en EU, existe una bolsa de recompensa de 30 millones de pesos por cada uno en nuestro país.

Treviño asumió el liderazgo de la organización criminal tras la captura de su hermano Miguel Ángel Treviño, El L40 o Z40, el 15 de julio de 2013, durante un operativo de la Marina en los límites de Tamaulipas y Nuevo León.

Mientras que El Mayo Zambada ha liderado el cártel desde hace más de dos décadas. Su socio, El Chapo Guzmán fue detenido por la Marina el 22 de febrero de 2014.

Otro de los objetivos es Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, capo sobre el que hay versiones que perdió la vida el año pasado a causa de un infarto. Por él existe una recompensa de 30 millones de pesos y de 5 millones de dólares en Estados Unidos.

Ex funcionarios de la Procuraduría General de la República han afirmado que El Azul ha servido de mediador entre los diversos grupos del narcotráfico y en décadas pasadas logró “remansos de paz”, porque impidió confrontaciones.

En agosto de 2014, la Marina detuvo a José Juan Esparragoza Jiménez, quien declaró ser hijo de El Azul. Manifestó que su padre falleció; sin embargo, no fue posible realizar un cotejo positivo, toda vez que no se cuenta con información genética que permita establecer la relación de parentesco.

También se ofrecen 30 millones de pesos por Servando Gómez Martínez, La Tuta, ex líder de La Familia Michoacana y dirigente de Los Caballeros Templarios.

Los operativos para capturarlo no han arrojado resultados, pero permitieron ubicar y abatir al dirigente absoluto de ambos grupos, Nazario Moreno González, El Chayo, El Pastor o El más loco, el 9 de marzo de 2014, personaje que fue dado por muerto en diciembre de 2010.

La Tuta es responsable de la ola de violencia en Michoacán y de los ataques perpetrados contra la Policía Federal en esa entidad.

Juan Pablo Ledezma, El JL, identificado como líder absoluto de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, es otro de los delincuentes más buscado y por quien se ofrece una recompensa de 15 millones de pesos.

Se le adjudica haber ordenado El Mayor número de asesinatos en Juárez en su lucha por evitar que el grupo Gente Nueva, del cártel de Sinaloa, tomara la plaza. Se presume que El JL está muerto.

También se busca a Juan Pablo Guijarro, El Mónico, de quien se asegura controla La Línea, y quien está detrás de diversas matanzas. Por él hay una gratificación de 10 millones pesos.

El resto de los objetivos son Ignacio Rentería, El Nacho o El Cenizo, de La Familia Michoacana, y Maxiley Barahona Nadales, El Contador, operador de Los zetas. 

No hay solicitud

Un juez federal notificó formalmente que ni Estados Unidos ha solicitado la extradición de El Chapo Guzmán ni mucho menos que exista intención del gobierno federal de cambiarlo de prisión.

Así se lo hizo saber un actuario a Guzmán en el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde permanece recluido desde el año pasado, tras ser detenido por marinos en Mazatlán.

La semana pasada, otro juez federal desechó la demanda de garantías de Joaquín Guzmán contra la Embajada de EU en México, con la que pretendía que los estadunidenses informaran si su gobierno solicitó su extradición de manera formal.

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