Un cargo de narcoterrorismo por su política antiestadunidense, varios de narcotráfico, multas multimillonarias y una sentencia a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos penden sobre la cabeza de Servando Gómez Martínez, La Tuta: ese es el panorama judicial al que se enfrentará el último líder de Los caballeros templarios en caso de que el gobierno mexicano le extradite, como quiere la administración de Barack Obama.
Por primera vez un capo mexicano es acusado por el Departamento de Justicia de violar la sección 960 (a) del Título 21 del Código de Estados Unidos, creada en 2006 por el Congreso, para unir en un solo artículo los delitos de narcotráfico y terrorismo.
Desde entonces ha sido utilizada para sentenciar a media decena de criminales del Talibán, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las Autodefensas Unidas de Colombia, organizaciones catalogadas como terroristas por el Departamento de Estado. Nunca se había aplicado esta ley a un integrante de un cártel de México.
En términos llanos, como a muchos otros narcotraficantes en la mira de Washington, a Gómez Martínez se le acusa de violar la ley al contribuir a la “posesión, manufactura o distribución de una sustancia controlada” pero, a diferencia de otros narcos mexicanos, se le culpa de un delito más grave para los estadunidenses: “Pertenecer a una organización terrorista extranjera, o ser una persona terrorista o grupo”, presumiblemente por sus acciones en contra de ese país.
Estas acusaciones, radicadas desde 2009 en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, significan que La Tuta puede hacerse acreedor a castigos aplicados a operadores del Talibán y Al Qaeda, que van más allá de lo que un narcocomún y corriente podría esperar.
Eso abre la vía a una condena a cadena perpetua en una prisión Supermax, como la de Florence, Colorado, donde purgan sentencias John Walker Lindh, el taliban americano; Zacarías Moussaoui, autor intelectual de los ataques terroristas del 11 de septiembre, o Teodore Kaczynski, el Unabomber.
Las multas que rondan a La Tuta también son elevadas. Pueden ser de 10 a 50 millones de dólares, de acuerdo con el Código de Estados Unidos (US Code, en inglés).
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Si la Secretaría de Relaciones Exteriores acepta la petición de extradición de Estados Unidos —y el Poder Judicial mexicano lo ratifica—, Gómez Martínez sería enjuiciado en Manhattan, sede de una de las cortes más adversas del planeta a las que puede ser enviado un narcotraficante y donde más de un capo ha sido convertido en ejemplo de lo dura que puede ser la mano de Washington. Varios han sido aplastados con condenas de por vida y la pérdida de hasta el último centavo en sus bolsillos.
La Corte del Distrito Sur de Nueva York ha sido en los últimos años una vitrina de exposición mundial a la que el gobierno de Estados Unidos lleva a narcos de alto perfil para ser triturados por una pinza que en un extremo tiene a jueces especializados en crimen organizado y en la otro a fiscales particularmente agresivos.
Estos últimos son encabezados por el fiscal de distrito, Preet Bharara, uno de los 100 hombres más poderosos del mundo, según Time, quien ha llevado a la cárcel a líderes de Al Qaeda o capos colombianos.
El de Bharara es uno de los distritos judiciales con mayor número de sentencias por tráfico de drogas en todo el país —actualmente se encuentra en sexto lugar— y ha sido sede de grandes juicios contra organizaciones como las FARC, el ELN, el cártel de Cali, los talibanes y la Ndrangheta italiana.
Entre los personajes que han desfilado por sus juzgados están Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, sentenciado a 10 años de prisión y a entregar 17 millones de dólares; Ahmed Khalfan, terrorista de Al Qaeda, condenado a cadena perpetua, y Francisco Uribe, El Patrón, capo colombiano sentenciado a 30 años.
En esa lista de espera de las grandes ligas judiciales de Estados Unidos se encuentran hoy Los caballeros templarios: justo ahí radica la demanda penal 1:09-cr-00941-JGK, con la que el Departamento de Justicia acusa a La Tuta de numerosos delitos, como conspirar para importar varias toneladas de cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos, donde La familia y los Templarios tuvieron presencia hasta en una treintena de ciudades.
No es una sorpresa. Desde hace cinco años, Washington dejó claro que su intención era llevarse al narco michoacano a juicio en Manhattan. Lo hizo casi a manera de regalo presidencial: en 2009, horas antes de que Obama visitara por primera vez México, La Tuta fue incluido en la lista de narcotraficantes extranjeros del Departamento del Tesoro, un catálogo en el que el gobierno estadunidense mantiene a los criminales que por una u otra razón han entrado a su radar.
Todo apunta a que Gómez Martínez entró a la peor parte de ese radar, la de aquellos que profesan una filosofía antiamericana. La clave yace en los primeros cargos presentados por el Departamento de Justicia en su contra, en octubre de 2009, cuando acusó a La Tuta de conspirar para enviar drogas a Estados Unidos y del asesinato de 12 policías federales en Michoacán en julio de ese año. También se le culpó de buscar afectar directamente la seguridad nacional estadunidense.
“La familia (michoacana) es filosóficamente opuesta a la venta de metanfetaminas a los mexicanos y, en cambio, apoya su exportación a Estados Unidos para que la consuman los estadunidenses”, dio a conocer Bharara, al presentar los primeros cargos formales contra La Tuta y sus compañeros en cortes de su país. La sentencia mínima a la que se enfrentan es de 10 años. La máxima es de por vida.
El cargo de terrorismo se sustenta en la sección 960 (a) del título 21 del Código de Estados Unidos. Ahí se establece que “hay jurisdicción sobre cualquier ofensa en esta sección si: 1) la actividad de narcotráfico u ofensa terrorista viola las leyes criminales de Estados Unidos y 2) la ofensa, la actividad de narcotráfico prohibida o la ofensa terrorista ocurren o afectan el comercio internacional o interestatal”.
El estudio “Narco-Terrorismo”, de John E. Thomas, de la Universidad de Derecho Washington and Lee, da una idea de qué tipo de ley enfrenta La Tuta, quien corre la posibilidad de ser el primer capo mexicano en ser juzgado, no solo por vender drogas, sino por usarlas como herramienta de terror. “La sección 960 (a) es muy sensible, puesto que aparenta dar una importancia especial a la condena de narcoterroristas“, se expone.
“El estatuto requiere que haya un crimen de narcotráfico y algún apoyo de terrorismo, pero el nexo entre ambos solo tiene que ser implicado, no expresado”.
Otra señal que da una idea de cómo el terrorismo puede ser un tema en el caso de La Tuta en Nueva York —aun cuando la extradición es un asunto todavía pendiente—es la que ofrece el perfil del juez asignado al caso. De acuerdo con registros judiciales, se trata de John G. Koeltl, un veterano de las cortes que ha llevado varios casos contra terroristas.
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