El reciente ataque a miembros de la División de Gendarmería en Ocotlán confirma el poder ofensivo del CJNG y el control que tiene en la entidad, ya sea mediante las armas o por la corrupción de los jefes policiacos.
En un recorrido por la escena del tiroteo, este semanario recabó testimonios que ponen en duda las cifras oficiales de muertos y heridos.
Recluidos en casa desde las seis de la tarde por el miedo de quedar atrapados en medio de una balacera, muchos ocotlenses consideran que su municipio ya es una plaza de la delincuencia organizada, como quedó de manifiesto con el ataque del jueves 19 a policías federales.
Integrantes de los cuerpos de seguridad estatales creen que la agresión, en la que fallecieron 11 personas –cinco efectivos de la Gendarmería Nacional, cuatro civiles y dos sicarios–, era una pantalla utilizada por sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para permitir que su jefe, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, escapara del municipio aquella noche.
Varios testimonios recogidos por Proceso Jalisco indican que ese día corrió un fuerte rumor de que se realizaba una reunión del CJNG en una casa de seguridad en la calle Oxnard, colonia Mascota, a ocho calles del primer cuadro de la cabecera municipal.
“Los de la Gendarmería andaban por el lugar y traían el dato de que probablemente andaba por el lugar El Mencho”, dice el agente. La balacera inició poco antes de las nueve de la noche y duró más de hora y media.
En un recorrido por la zona, este semanario comprobó que la tarde del viernes 20 las manchas de sangre todavía marcaban el lugar del ataque. Los vecinos se quejaban de que nadie las hubiera limpiado o al menos cubrirlas con cal o tierra. Tal vez fue porque era evidencia.
El menor Isaac Esaú Solís Ornelas, de 15 años, y su padre, Francisco Solís, trataron de escapar de la balacera pero no lo consiguieron.
Isaac iba en tercer año de secundaria en el colegio Ignacio Manuel Altamirano. Sus familiares indican que esa tarde fue a la casa de un compañero para hacer una tarea. Estaba en la zona del enfrentamiento. Cuando escucharon la balacera, el adolescente decidió quedarse ahí hasta que cesara. Así pasó más de una hora.
Cuando parecía que las detonaciones habían terminado, Francisco Solís fue por su hijo. Abordó su motocicleta y se dirigió a la casa del compañero de escuela.
Ya estaba cerca, pero elementos de la Gendarmería le impidieron pasar con la moto, así que siguió a pie. Isaac lo estaba esperando.
Caminaron hasta la moto, pero justo entonces se desató otra balacera y quedaron atrapados entre los federales y los sicarios. Una bala atravesó el corazón de Isaac y otra el tórax de su padre. Sólo éste sobrevivía hasta el cierre de edición, pero está grave.
Otros testigos describieron la confusión que provocó el primer intercambio de disparos: decenas de personas dejaban motos y bicicletas en la calle para pedir que los dejaran pasar a las casas.
Los datos de las autoridades no cuadran con los que dan los vecinos. En el comunicado de la Policía Federal del viernes 20 se “reporta el fallecimiento de cinco elementos de la División de la Gendarmería y tres civiles, cuyos cuerpos portaban fornituras con cartuchos y equipo táctico, los cuales se presume que formaban parte de la delincuencia organizada”.
La institución sólo cuenta entre los muertos a tres civiles ajenos a la confrontación. Los pobladores afirman que fueron cuatro.
El llamado
Una de las fuentes consultadas señala que el jueves 19 un convoy de la División de Gendarmería recibió un llamado de auxilio de policías de Ocotlán, presuntamente desarmados y sometidos por delincuentes. Un testigo considera que fue una emboscada:
“Fue una agresión directa. Ni siquiera alcanzaron (los federales) a bajarse de los vehículos. Ya los esperaban por la calle Oxnard, recibieron fuego que provenía de diferentes sentidos, incluso de las azoteas.”
Dice que cuando los efectivos de la Gendarmería quedaron atrapados bajo el fuego de armas de grueso calibre, pidieron apoyo al destacamento del Ejército que se ubica en el municipio de Jamay. Los soldados llegaron en 15 minutos. También solicitaron auxilio a la Fuerza Única Regional, las policías de Zapopan y de Guadalajara, pero la respuesta fue tardía.
En esa batalla los criminales exhibieron un gran poder de fuego, mientras que entre los cuerpos de seguridad se comentó que otras instituciones dejaron solos a los miembros de la Gendarmería.
El señalamiento llegó al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Carlos Nájera, quien el viernes 20 declaró a la prensa que los integrantes de la Fuerza Única Regional estaban concentrados en el penal de Puente Grande, a fin de prevenir desórdenes durante una revisión.
Al día siguiente el comisario general, Alejandro Solorio, ofreció a los medios los datos del avance de la FUR contra la delincuencia y, como de paso, reiteró que esa corporación estatal sí respaldó a la Gendarmería en la confrontación con los sicarios.
Tanto Nájera como Solorio enfatizaron que la zona quedó bajo resguardo de la Gendarmería mientras la FGE atendía otras prioridades de seguridad en el estado.
Sin cuartel
Cuando las autoridades estatales dieron a conocer la distribución territorial de la FUR en 2014, se incluyó una sede en Ocotlán. Pero hasta la fecha no la tiene, por lo que según los pobladores los policías realizan sus rondines en sus características camionetas-patrulla negras, donde llevan maletas con sus pertenencias y equipo.
Alrededor de 300 elementos de la Gendarmería asignados a la entidad llegaron a esta zona desde finales de noviembre de 2014 para fortalecer la vigilancia en los límites con Michoacán, previendo que miembros de la organización criminal Los Caballeros Templarios huyeran a Jalisco.
Recientemente se supo que, semanas antes de la balacera en Ocotlán, las autoridades federales llevaban a cabo discretos operativos y labores de inteligencia en la región de la Ciénega. El objetivo: ubicar y detener al Mencho.
Sin embargo, el ataque del jueves 19 mostró una respuesta desarticulada de las corporaciones federales y estatales contra los criminales. Posteriormente, afloraron las dudas sobre el total de muertos y de heridos.
Algunos pobladores consultados señalan que los policías muertos son más de los reconocidos por las autoridades. Dicen, por ejemplo, que vieron a una mujer policía abatida por los sicarios y cuyo cuerpo fue levantado a toda prisa.
A partir de estos testimonios, se estima que las clínicas y hospitales, tanto privados como del sector salud, atendieron cerca de 50 personas entre la noche del jueves 19 y la madrugada del viernes 20, heridas de bala o con crisis nerviosas.
Esta cifra es aparte de los ocho policías federales alcanzados por las balas de los criminales y quienes fueron trasladados a Guadalajara para atenderlos de emergencia. En tanto, los civiles fueron atendidos en el hospital regional del Seguro Social, el hospital San Vicente y la Cruz Roja, donde también se dieron los primeros auxilios a dos gendarmes baleados.
Cuando este semanario intentó obtener la cifra exacta de las personas atendidas en los centros de salud mencionados, topó con pared. En el hospital San Vicente, que es privado, dijeron que sólo pueden informar con la autorización del patronato, aunque fuentes cercanas dijeron que se habían recibido al menos a 20 pacientes por la balacera.
El hospital regional del Seguro Social derivó la solicitud de información a la oficina de Comunicación Social de la Delegación Jalisco, y ésta notificó que los detalles pedidos están bajo resguardo de la FGE.
Familiares de algunos heridos calcularon que en lapso mencionado el IMSS recibió a cerca de 30 personas, pero no pudieron precisar cuántos presentaron heridas de bala, heridas leves o crisis nerviosa.
En un recuento general, los vecinos de la zona del enfrentamiento dijeron que 20 casas recibieron impactos de bala, igual que al menos 31 vehículos. El viernes 20, el Centro Universitario de la Ciénega suspendió totalmente sus actividades, por temor a que continuaran los disparos.
Integrantes de la FUR interpretan el ataque de Ocotlán como una respuesta del CJNG al acoso de las fuerzas federales contra El Mencho, uno de los narcotraficantes más peligrosos del país, tras la captura de Servando Gómez Martínez, La Tuta, quien fuera cabecilla de los rivales michoacanos del CJNG, Los Caballeros Templarios.
Esas fuentes estiman que el CJNG controla la región de la Ciénega, como casi todo el estado, y que gracias a ello extendieron sus actividades del trasiego y producción de drogas sintéticas, al robo de hidrocarburos y otros delitos de alto impacto.
Añaden que los delincuentes actúan con libertad por la protección que les brindan jefes policiacos a cambio de fuertes sumas de dinero. Uno de los entrevistados reconoce: “La gente denuncia que hay narcolaboratorios en la zona y que circulan convoyes armados, pero no se nos da la orden de actuar. Al parecer reciben protección”.
Afirma: “Se nos ordena proteger a narcomenudistas, a los que se dedican al robo de hidrocarburos, y los comandantes de convoy se entrevistan con gente del crimen organizado que les entregan de 100 a 150 mil pesos, con la condición de que sólo se dediquen a dormir y comer. O el día que vayan a pasar con droga, armas o gasolina, llaman a los comandantes a su celular para que se vayan a otro lado a vigilar”.
Dice que sucede lo mismo “en la zona metropolitana de Guadalajara y todo el estado: si te atreves a interceptarlos llaman por celular a nuestros jefes y ellos nos indican que los dejemos libres, con el argumento de que son de Inteligencia Militar, cosa que es falsa”.
Otros dominios del CJNG
En Tepatitlán de Morelos, municipio de la región Altos Sur, el pasado 3 de febrero Alfonso González Ramírez, Poncho Carcanchas, fue levantado por un comando armado. Rosendo González, hermano de la víctima, presentó una denuncia por privación ilegal de la libertad (averiguación previa 671/2015).
Con base en testimonios, se pudo saber que Poncho salía a las 19:30 horas de su casa en su auto cuando vio que intentaban rodearlo varios sujetos a bordo de dos camionetas Suburban, una blanca y una negra. Se dirigió hacia la calle San Pablo, donde vive su hermana, Consuelo González.
“Los delincuentes cerraron las calles, se subieron a las azoteas de las casas aledañas y armaron un operativo con tal de sacar a Poncho Carcanchas”, indica una fuente.
Horas después González Ramírez fue encontrado sin vida y con huellas de tortura en una brecha cercana al cruce de Pegueros y Mirandillas. En el cadáver, igual que en la cartulina que se dejó junto a él, los sicarios escribieron: “Por rata y chapulín y cobra cuotas, por ser gente del 02 blindado azul. Haber quién le da dinero” (sic).
Al final de esa leyenda dibujaron una camioneta con las siglas PMT02. Al parecer, tanto el “02” como las siglas se refieren al subdirector de la Policía Municipal de Tepatitlán. En su sitio de internet, el ayuntamiento informa en un boletín de enero pasado que su subdirector es Octavio García.
El periódico 7 Días publicó el 14 de marzo de 2010 que Alfonso González Ramírez fue detenido por el robo de unas camionetas.
Además, cuatro días después de la balacera en Ocotlán, el lunes 23, se suscitó un nuevo enfrentamiento entre policías estatales y supuestos integrantes del CJNG en el municipio de Zacoalco de Torres. Murieron tres presuntos sicarios, entre ellos Heriberto Acevedo Cárdenas, El Gringo, quien según las autoridades estatales era líder de las plazas de Tlajomulco, Cocula, Zacoalco, Tapalpa y Atemajac de Brizuela, así como uno de los responsables del atentado de mayo del año pasado en Guachinango, donde fallecieron cuatro militares.
De acuerdo con información de la FGE, El Gringo sobornó al jefe de Policía de Cocula para que sus agentes protegieran las operaciones del CJNG, por lo que esa corporación desapareció el año pasado y la Policía Estatal asumió sus funciones.
En el enfrentamiento del lunes 23, que ocurrió a la altura del kilómetro 17 de la carretera libre Guadalajara-Colima, dos oficiales de la FUR fueron heridos levemente. Aquella vez las autoridades estatales acudieron rápidamente en apoyo a sus hombres y los trasladaron a Guadalajara en el helicóptero Black Hawk de la FGE.
En la versión del gobierno estatal, los tripulantes de una camioneta Honda Odyssey blanca se negaron a detenerse para una revisión de los agentes de la FUR. Intentaron huir y abrieron fuego, pero perdieron el control del vehículo y éste volcó, lo que causó la explosión de granadas de fragmentación que llevaban.
En 2011, la PGR ofreció 2 millones de pesos por quien ayudara a la captura del Mencho, mientras que en 2013 sus enemigos lo tasaron en 400 mil dólares, según las narcomantas que colocaron en lugares públicos.
Posteriormente, en el municipio de Tonaya, se tirotearon miembros del CJNG y policías federales. El saldo fue de seis supuestos sicarios abatidos y tres agentes heridos. En 2013 El Mencho escapó de otro operativo en El Grullo.
A finales de agosto de 2012, un intento de detención de El Mencho provocó que sus sicarios llevaran a cabo decenas de narcobloqueos en Jalisco, en una acción que tenía como objetivo permitir la huida de su jefe.
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