Si el Cártel de Sinaloa fuera una aerolínea, será por mucho la más grande del país, pues entre 2006 y 2015 le han sido decomisadas 599 aeronaves, las cuales superan por un amplio margen a las 127 que posee Aeroméxico.
En términos numéricos, el Cártel de Sinaloa puede considerarse como la aerolínea más grande de México, puesto que en la última década su flotilla ha superado en cantidad de unidades a la empresa con más aviones en el país: Aeroméxico, que posee 127. De 2006 a 2015, de acuerdo con información obtenida autoridades militares le han incautado 599 aviones a la organización criminal, que movieron cocaína y marihuana por toda Latinoamérica.
Si fuera una empresa legal, el cártel también competiría como la compañía aeroportuaria más lucrativa del país, operando 4 mil 771 pistas de aterrizaje clandestinas de entre 500 metros y un kilómetro de longitud, enclavadas en el corazón de las sierras en estados norteños.
El propio líder de la organización, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, declaró en su entrevista para la revista Rolling Stone, difundida en enero pasado: “Yo suministro más heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana que cualquier otra persona en el mundo. Tengo una flota de submarinos y aviones”.
En los últimos años, el éxito del cártel de la droga más poderoso del mundo ha radicado en la operación de aviones ultraligeros que pueden transportar más de 500 kilos de drogas y que han sido piloteados —según informes de las fiscalías federales en Estados Unidos— por elementos de alto rango de la Fuerza Aérea Mexicana.
Información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña) entregada a EL UNIVERSAL a través de la Ley de Transparencia, revela que los últimos 10 años el Cártel de Sinaloa ha trazado una serie de rutas aéreas para el trasiego de droga: parten de municipios enclavados en las sierras de Sinaloa, Chihuahua y Durango, conocido como el Triángulo Dorado.
Los aviones aterrizan en estados fronterizos donde han mantenido hegemonía, pese a las pugnas por el control de la zona con otros cárteles de la droga: Baja California y Sonora.
Según los datos, en la administración del ex presidente Felipe Calderón, militares aseguraron 544 aeronaves. En los últimos tres años se han decomisado 55 aviones.
Pero el Cártel de Sinaloa continúa traficando drogas en aeronaves. En lo que va de esta administración federal se han logrado detectar 894 pistas de aterrizaje clandestinas en las fronteras mexicanas, las cuales han dejado de operar como tales.
Los decomisos
De acuerdo con la información obtenida por EL UNIVERSAL — a través de las solicitudes de información y un recurso de impugnación—, de 2006 a 2015, de las 599 aeronaves que aseguró en ese periodo la Secretaría de la Defensa Nacional y que estaban en funcionamiento para traficar droga del Cártel de Sinaloa, 13 son helicópteros y 586 aviones.
Durante el periodo que va de 2006 a 2012 se logró el aseguramiento de 544 aeronaves, y sólo en el año 2008 la cifra fue de 284.
En 2013 se aseguraron 19 aviones, durante 2014 fueron 14, y en 2015, 22 aeronaves.
¿Cuál es la ruta?
El itinerario está marcado: las aeronaves fueron decomisadas en su mayoría en municipios de Sinaloa: Culiacán, Navolato y Ahorne.
La Sedeña proporcionó datos sobre los lugares donde los aviones están despegando y aterrizando. Desde 2006 han descubierto 4 mil 729 pistas de aterrizaje clandestinas. En los últimos tres años se registraron 894. La ruta que han seguido los pilotos del narcotráfico es: salir de los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila, en el Triángulo Dorado.
Es ahí donde se localizaron un gran número de pistas, particularmente en Badiraguato, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Tamazula, municipios enclavados en la Sierra Madre Occidental.
Sin embargo, el mayor número de ellas se concentró en la frontera norte de México, específicamente en el noroeste. En el caso de Baja California fueron descubiertas mil 25, y en Sonora, mil 564.
Las aeronaves del grupo criminal partieron de la sierra y aterrizaron en las fronteras, para luego trasladar la droga a Estados Unidos, comenta personal militar.
Municipios como Ensenada, Mexicali y Tijuana, en Baja California; Álamos, Caborca, Nogales y Santa Ana, en Sonora; Badiraguato, El Rosario y Culiacán, en Sinaloa; Guadalupe y Calvo y Guachochi, en Chihuahua; Tamazula, en Durango, y La Paz, en Baja California Sur, concentran 50.7% del total de las pistas clandestinas en México, de acuerdo con esta información.
Todos ganan
Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene clasificadas las especificaciones de los aviones asegurados, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) proporcionó a este diario, a través de la Ley de Transparencia, un listado de las aeronaves rematadas desde 2006 a la fecha, es decir, unidades que no pudieron comprobar su legal procedencia.
En total, de acuerdo con el SAE, fueron revendidos 105 aviones decomisados. Los modelos más comunes: Cessna, Rockwell, Gulfstream, Piper y Beechcraft. La venta de las aeronaves decomisadas también dejó al gobierno federal, según la institución, ingresos por 81 millones 654 mil 707 pesos.
Entre 2010 y 2012, el SAE difundió que remataría avionetas incautadas al narcotráfico, entre las que destacaban aviones Cessna, que se han convertido en la principal herramienta del hampa por sus características.
De las 105 aeronaves, 60 fueron Cessna. La más popular: el modelo 206, que tiene puertas dobles laterales y permite una carga y descarga de paquetes más rápida. Además, existen kits para ampliar su reserva de combustible, lo que le permite recorrer distancias largas, de hasta mil 300 kilómetros.
Otra ventaja para los narcotraficantes es que las Cessna sólo necesitan un tramo de tierra entre tres y cuatro cuadras para despegar y aterrizar, lo que la han convertido en la aeronave más popular de la última década.
El piloto alemán del cártel mexicano
Jorge Arévalo Kessler fue detenido en México el 7 de abril de 2008 por elementos de la Policía Federal en la Ciudad de México. El hombre, de 44 años, no fue apresado cuando despegaba o aterrizaba uno de los aviones Jet Commander que piloteó durante varios años. Caminaba por la colonia Juárez.
Arévalo Kessler, proveniente de una familia acaudalada y originario de Alemania, adquirió nacionalidad mexicana. En 1987 se tituló como Piloto Aviador Militar de la Escuela Militar de Aviación Número 5, en Jalisco.
Aquella tarde sería detenido por traficar droga en una avioneta que voló desde Ecuador hasta Toluca. El piloto fue encarcelado en el penal de Almoloya de Juárez, donde sólo permaneció 22 meses, hasta que el 24 de febrero de 2010 salió del reclusorio de máxima seguridad para ser extraditado a Estados Unidos. Autoridades de la Fiscalía Federal de Texas habían recopilado evidencias durante años, que probaban que Arévalo Kessler era uno los pilotos de mayor rango al servicio del Cártel de Sinaloa.
Desde 2010, Arévalo Kessler ha permanecido encarcelado en un centro de detención en Texas. Su juicio —al igual que el de otros narcotraficantes de alto perfil— permanece clasificado por las autoridades de Estados Unidos, pero en agosto de 2015 se hicieron públicos algunos documentos: las transcripciones de las audiencias en las que el piloto se declaró culpable, y el juicio de sentencia.
Documentos proporcionados a EL UNIVERSAL por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas dan cuenta de cómo Arévalo Kessler llegó a un acuerdo con el gobierno de EU. No se revelan detalles de los datos que brindó, pero el juez ofrecería como argumento para reducir su condena que obedecía a un acuerdo de culpabilidad que incluía intercambio de información. La transcripción de su juicio, desclasificada el 19 de agosto de 2015, detalla que en enero de 2011 el piloto aceptó que se dejó llevar por la avaricia.
“Estoy orando y acabo de pedirle al Señor que quiero cambiar y hablar con la verdad. Lo que hice estuvo mal. Yo estaba actuando, cegado por la avaricia. Al tratar de darle una mejor vida a mi familia, lo hice de forma equivocada. No he visto a mis hijos durante tres años. Tomé una decisión equivocada y estoy totalmente consciente de que hice las cosas mal. Lo siento mucho, realmente digo, ¿qué puedo decir?”.
La fiscalía texana recabó pruebas que comprobaron que pertenecía a una organización de pilotos de alto rango que trabajaban para el Cártel de Sinaloa.
Se alió con Alejandro Flores Cacho y Ricardo García Sánchez, pilotos aviadores de la Escuela Militar de Aviación de la Secretaría de la Defensa Nacional. A partir de 2003 traficaron droga desde Sudamérica para el cártel.
El Departamento del Tesoro de EU informó que los pilotos operaban el tráfico de narcóticos por aire a través de las empresas Mantenimiento, Aeronáutica, Transporte y Servicios Aéreos, SA de CV, un hangar de aviones y mantenimiento ubicado en Toluca; Aero Expreso Intercontinental, SA de CV, una compañía aérea de carga con sede en la Ciudad de México. La más importante es Capacitación Aeronáutica Profesional, una escuela de vuelo en Cuernavaca que utilizaban para entrenar a los nuevos pilotos que participarían en el tráfico de drogas. Flores Cacho y García Sánchez continúan prófugos.
Durante el juicio, la defensa de Arévalo Kess- ler argumentó que sus delitos eran “un error”. Y solicitó al juez considerar que no era mexicano. El documento proporcionado por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, en poder de este diario, incluye el testimonio del abogado.
“Es un hombre muy bien educado que alcanzó el nivel de capitán de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). También entrenó a cientos de pilotos. Además, tiene a su esposa y sus dos niños que esperan por él. Ha tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo. No sólo es mexicano, él también es ciudadano alemán. Ha tenido tantos privilegios y una buena educación, también es un combatiente. Quiero decir, él ha volado aviones de combate, aviones comerciales, jets pequeños y grandes. Por desgracia, como él dijo, estaba cegado por la codicia. Pero es un hombre que tiene un talento tremendo. Habla tres idiomas y creo que la Corte debe ser compasiva para darle el crédito que merece”.
Antes de la detención, la aerolínea Emirates Airlines, de Dubái, le había ofrecido un empleo como piloto aviador. La defensa logró reducir la pena de 20 a 11 años.
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