La Corte Suprema de Estados Unidos analizará este martes el caso de un adolescente mexicano muerto a tiros, en 2010, por un agente de la Patrulla Fronteriza.
El joven Sergio Hernández, de 15 años, se escondía detrás de una columna, en el lado mexicano de la frontera en Ciudad Juárez, mientras que el agente disparó desde suelo estadounidense.
La familia de Sergio Hernández está tratando de demandar al funcionario fronterizo por la muerte de su hijo. Dicen que el agente violó los derechos constitucionales de Hernández.
El violento tiroteo fue grabado en un video desde un teléfono celular y provocó indignación porque Hernández estaba desarmado.
Mientras que la familia dice que Hernández estaba jugando con sus amigos a lo largo de la frontera, el Gobierno de Estados Unidos alega que el tiroteo ocurrió mientras que "contrabandistas" estaban intentando realizar un cruce ilegal de la frontera y lanzaron piedras a corta distancia al agente, Jesús Mesa.
La Corte analizará si el agente puede ser demandado o tiene derecho a inmunidad calificada. También considerará si la garantía de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables aplica para el caso de Hernández.
Mientras que el Gobierno estadounidense está del lado del agente, México ha firmado un escrito en apoyo de Hernández.
Un tribunal inferior había llegado a la conclusión de que la Constitución no ofrece ninguna protección para Hernández, en parte porque el adolescente no tenía ninguna relación significativa con Estados Unidos.
"Si se deja en pie, la decisión del Quinto Circuito, se creará una excepcional tierra de nadie, una zona sin ley en la que los agentes estadounidenses pueden matar a civiles inocentes con impunidad", argumentó Robert Hilliard, abogado de la familia Hernández, en documentos de la Corte. "Esta Corte debe dejar claro que nuestra frontera no es un interruptor para las protecciones más fundamentales de la Constitución".
México ha presentado un escrito en apoyo a la familia Hernández que cita las estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza sobre el uso letal de la fuerza con armas de fuego en 243 veces, desde octubre de 2010 hasta agosto de 2016, casi siempre en o cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.
"Cuando los agentes del Gobierno de Estados Unidos violan los derechos fundamentales de los nacionales mexicanos y otros dentro de la jurisdicción de México, es una de las prioridades de México que Estados Unidos proporcione los medios adecuados para responsabilizar a los agentes y reparar a las víctimas", escribió Donald Francis Donovan, abogado del Gobierno de México.
El gobierno de Donald Trump dice que el "examen judicial del tratamiento que el gobierno da a los extranjeros fuera de EE.UU. inyectaría en los tribunales sensibles asuntos de la diplomacia internacional".
Este es el primer caso que la Corte Suprema escuchará bajo el nuevo gobierno, y llega en un momento en que las políticas del presidente Trump relativas a su decreto inmigratorio han planteado dudas sobre los derechos constitucionales de los no ciudadanos. Otro escenario está representado por las tensas relaciones entre el nuevo gobierno y México por la construcción de un muro entre los dos países.
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