MONTERREY, Nuevo Leon — Un integrante de Los Zetas vigiló por cuatro días a un fiscal federal el cual fue ejecutado a principios de mes; a pesar de confesar su rol en los hechos, el miembro de crimen organizado no fue acusado de homicidio.
La víctima ya había reportado haber encontrado un localizador GPS en su vehículo antes del homicidio.
Una fuente policial con acceso a la investigación, reveló a Breitbart Texas que a principios de mes, policías municipales de Guadalupe acudieron a la zona por las detonaciones, observando el cuerpo del fiscal estatal ensangrentado con heridas de bala en su rostro, tórax y mano izquierda.
La víctima fue identificada como Jose Luis de Leon, un fiscal federal asignado a la zona. Cerca del cadáver ubicaron 14 casquillos percutidos calibre 9 mm. y 5 casquillos .223, por lo que iniciaron un operativo para dar con los responsables tras reportarse que huyeron de la Colonia Contry Las Águilas, abordo de un auto Grand Marquis.
Después de la ejecución Juan Eduardo Hernández Martínez, de 24 años, fue detenido en las calles Greco y Einstein, supuestamente con una cantidad de droga no especificada y una báscula, mientras que unos detectives encontraron identificaciones a su nombre en un rompe-vientos localizado cerca del crimen.
La fuente policial explico que mientras se conectaba su participación con la muerte del funcionario, encontraron que Hernández tenía poco tiempo de ser liberado del Penal del Topo Chico donde ingresó por robo y delitos contra la comunidad tras ser vinculado con el grupo Cinco Puntos de Los Zetas formado por pandilleros y vendedores de droga que opera en la Colonia Independencia, un barrio pobre de Monterrey.
Aunque el delincuente acepto recibir 6,000 pesos (300 USD) por ser informante en el asesinato del fiscal, de 47 años, solamente fue internado en el Penal de Cadereyta por delitos contra la salud en su modalidad de venta de droga, pero no acusado oficialmente por el crimen.
Aldo Fasci Zuazua, Vocero de Seguridad de Nuevo León, descartó que el homicidio fuera una venganza del interior de la Procuraduría, tras revelarse que el fiscal asesinado colaboro administrativamente en una investigación por falsificación de expedientes que termino con el cese de 32 fiscales.
Fasci aceptó que José Luis de León puso una denuncia interna en noviembre por encontrar un localizador GPS oculto en el vehículo oficial asignado a su cargo, sin detallar algún resultado para detectar si sus movimientos eran seguidos por personal de la Procuraduría o criminales.
Otra línea de investigación oficial es el atentado en una propiedad del fiscal ubicada en el municipio rural de Linares, al sur de Nuevo León, tras ser recibir amenazas y ser incendiado intencionalmente por unos supuestos delincuentes.
La muerte de abogado ocurrió a dos días del arresto de Eleazar Palomo Castillo, alias “El Cochi”, líder regional del Cártel de los Beltrán Leyva en Nuevo León, señalado como uno de los encargados de sobornar a policías municipales y agentes ministeriales en Nuevo León.
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